ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró hoy en Alicante que "el urbanismo constituye una fuente creciente de criminalidad que, en algunas zonas, fundamentalmente del Mediterráneo, ha generado una problemática social gravísima frente a la cual la respuesta de la Administración de Justicia no ha sido en ocasiones lo suficientemente rápida y eficaz".
Durante la conferencia inaugural del ciclo 'Urbanismo, Corrupción y Delincuencia' organizado por la Universidad de Alicante (UA), Cándido Conde-Pumpido explicó el trabajo de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, que tienen como "competencia específica las actuaciones contra los delitos urbanísticos en el ámbito medio ambiental", y de la Fiscalía Anticorrupción que actúa en aquellos casos en los que esta delincuencia urbanística se une "con las prevaricaciones o actuaciones de comportamientos delictivos en la administración".
A su juicio, "la ineficacia de la sanción administrativa frente a conductas contra la ordenación del territorio se ha debido, en parte, a que ha sido la propia Administración la que ha creado ámbitos de tolerancia cuando no de directo aprovechamiento de actividades contrarias al debido uso del planeamiento urbanístico".
Así, Conde-Pumpido se refirió a actuaciones como las que se están realizando en Marbella, en la denominada la operación Malaya, y que, según recordó, "ha llevado a una consecuencia muy relevante como es que el Gobierno de la nación haya disuelto en su totalidad el Ayuntamiento para crear una comisión gestora".
Por otro lado, preguntado por la existencia de más casos de corrupción, el fiscal dijo que no se podía "anticipar, en absoluto, cuál puede ser el resultado de las investigaciones". "Nosotros nos hemos centrado en un lugar donde siempre se había sospechado que podía existir una actividad delictiva y la profundización en la investigación ha dado ese resultado", aseguró.
De la misma forma, según afirmó, "los fiscales que se han designado en materia de anticorrupción en determinadas provincias, como aquí en Alicante, trabajan normalmente con discreción y sólo en el momento en el que hay datos y elementos probatorios suficientes emergen esos resultados a través de los procedimientos".
Durante su conferencia, Conde-Pumpido dijo que las diligencias abiertas por delitos contra la ordenación del territorio "se incrementaron en Murcia en 2005 en un 102,3 por ciento". En su opinión, "el mayor número de denuncias se atribuye a la creciente sensibilidad social", tanto de "asociaciones no gubernamentales, como de las distintas administraciones que ejercen su labor de vigilancia de las construcciones en la prevención y denuncia de este tipo de infracciones".
En su opinión, "los ciudadanos tienen derecho a conservar su medio ambiente de manera sostenible y al mismo tiempo a que se respete la legalidad". "Nosotros además no somos propietarios del medio ambiente que hemos recibido sino que lo hemos heredado y estamos obligados a legárselo también a las generaciones futuras", aseveró.
"SATISFACCION"
Preguntado por la labor del fiscal anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, Conde-Pumpido mostró "su satisfacción" por su trabajo que calificó de "discreto" y que, según explicó, "tiene toda una fase en la cual no emerge al público porque hay una serie de investigaciones que sólo en el momento en que da lugar a un resultado pueden confirmarse a través de un procedimiento concreto".
En cuanto las investigaciones abiertas en la localidad de Orihuela, el fiscal respondió que "no podía pronunciarse" sobre procedimientos abiertos. No obstante, sí habló Conde-Pumpido sobre la necesidad de más medios. "Me gustaría contar con muchísimos más medios y aquí en Alicante de una manera especial porque es una provincia muy necesitada de apoyo en el sentido de reforzar la actuación de la Fiscalía".
En este sentido, según indicó, "estamos haciendo lo posible", ya que en estos dos años se ha producido un incremento de fiscales que supera los cuatro años anteriores". Según añadió, "en 2005 se incrementó la plantilla del Ministerio Fiscal en 135 fiscales, que era cuatro veces más que lo que se había producido en el año 2004.
En cuanto a 2006, "hemos incrementado la plantilla en otros 100 fiscales, que incluyen un fiscal especializado en urbanismo en cada Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y seis fiscales más anticorrupción para aquellas localidades que no habían sido cubiertas en la primera fase del año anterior como Valencia o Murcia", finalizó.
