CÁDIZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un total de 16 años de prisión (15 por asesinato y uno por amenazas) a S.M.F. como autor del apuñalamiento en noviembre de 2005 con un machete a un joven de 18 años en el acuartelamiento de Camposoto, en San Fernando (Cádiz), después de que fuera considerado culpable de asesinato por el jurado popular que lo juzgó el pasado mes de diciembre.
Según indicó a Europa Press el abogado defensor del joven condenado, Juan Manuel Priego, la juez consideró la pena mínima contemplada para asesinato (15 años) al no tener antecedentes y contar con trastornos de la personalidad, a lo que se suma un condena de un año por amenazas. Asimismo, el letrado señaló que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El juicio se celebró el pasado mes de diciembre en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, donde la acusación particular pedía 20 años de prisión por asesinato, la Fiscalía 13 por homicidio y tenencia de armas y la defensa el internamiento cerrado con tratamiento psiquiátrico por padecer trastorno de la personalidad.
Durante la vista, el acusado, que declaró entre lágrimas, no negó que apuñaló a la víctima (H.A.C.), aunque manifestó que su intención era intimidarlo para que lo dejaran "en paz", "hacerle un rasguño". De hecho, afirmó que en ese momento "no sabía qué había pasado" y que no se había dado cuenta de que le había clavado el cuchillo, hasta que vio unas gotas de sangre en el suelo y pensó que algo había hecho. Fue entonces, según declaró, cuando se "derrumbó" porque "el mundo" se le venía "encima" y su puso a llorar.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 20 de noviembre de 2005 en el acuartelamiento de Camposoto, cuando el acusado estaba en la litera de su camareta, tapado con toallas a modo de cortinas, afilando su machete. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, los compañeros escucharon cómo decía frases como "os voy a matar a todos" y "arriba España".
Fue entonces cuando los compañeros fueron a buscar a un capitán para que acudiera al lugar y al no hallarlo, se presentó el cuartelero (la víctima), que, tras quitar una de las toallas que hacía de cortina y mantener unas palabras con él, recibió la puñalada que le causó la muerte.
El acusado explicó que se encontraba en la litera porque había intentado dormir la siesta y que escuchaba a los compañeros que se dirigían a él con frases como "el gallego rambo" o "el loco". Asimismo, señaló que cogió el machete para ver si se relajaba mientras lo afilaba y que cuando se acercaba el cuartelero entendió que preguntaban "qué hace el loco".
Asimismo, afirmó que vio que no llevaba arma y se concentró en "repudiarlo", por lo que la agresión la realizó "con la intención de hacerle un rasguño o intimidarlo para que se fuera". En este sentido, declaró que su acción "no iba encaminada a hacerle un daño grave". Además, manifestó que no sabía que estaba prohibido que tuviera ese machete y llegó a declarar que "ojalá" se lo hubieran quitado cuando llegó.
Por su parte, su abogado de la defensa no cuestionó los hechos ni la agresión, pero alegó que su defendido sufre un trastorno de la personalidad de carácter permanente, por lo que pidió como pena su ingreso en un centro cerrado con tratamiento psiquiátrico.
Además, su defensa culpó a la Administración de Defensa como responsable subsidiario de los hechos, ya que manifestó que "se podía haber evitado" si hubiera actuado mejor. En este sentido, señaló que los test psicológicos previos al ingreso en el ejército (donde el acusado llevaba sólo seis días) no se hicieron como debía, porque si no su defendido no los debería de haber pasado.
Asimismo, señaló que el acusado "nunca" debió tener el machete porque no es un arma reglamentaria y criticó que fuera un chico de 18 años el que se encargara de acudir a ver lo que pasaba, sin que estuviera "un capitán, un teniente, un sargento o un cabo", ya que "la reacción (del acusado) hubiese sido diferente".
Una parte del juicio estuvo dedicado a debatir el estado mental del procesado, donde los peritos forenses y los dos psiquiatras propuestos por la defensa coincidían en que el acusado padecía un trastorno de la personalidad.
