REUS (TARRAGONA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El magistrado de la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a 14 años de prisión a Enrique A. y Gabriel D. por el homicidio, con el agravante de superioridad, de Thais O.P. en julio de 2004 en Reus (Tarragona). Los condenados también deberán indemnizar con 80.000 euros a los padres de la víctima.
De acuerdo con lo que manifestó el jurado popular en su veredicto, la sentencia declara probado que ambos acusados causaron la muerte de la chica y que después actuaron para ocultar las pruebas que les involucraban. Así, se llevaron sus pertenencias, escondieron el cadáver en un descampado y lo quemaron y tiraron producto químico por encima "para evitar la identificación del cadáver". El cuerpo fue descubierto el 7 de julio del 2004.
El juez destaca en su sentencia que la banalidad del motivo por el que se mata a Thais, "una mera discusión sobre si se había apoderado de papelinas de cocaína", y los actos posteriores de traslado del cadáver y la quema del mismo, realizada días después de la muerte, son "reveladores de frialdad de ánimo y total desprecio hacia la víctima".
En la sentencia se considera probado que la madrugada de un día comprendido entre el 1 y el 3 de julio de 2004, acusados y víctima fueron a un descampado por la zona de la Universidad de Reus, con la intención de consumir droga.
Tras una discusión, Enrique A. propinó a Thais O.P. un fuerte puñetazo en la cabeza que le hizo caer al suelo, procediendo seguidamente su amigo Gabriel D., permitiéndolo el anterior, a apretar el cuello y dar golpes a la chica, "falleciendo Thais O.P. en ese momento o posteriormente".
Después, los condenados, introdujeron el cuerpo de la víctima dentro del coche, poniéndolo en el asiento del copiloto, y lo llevaron a otro descampado "más reservado", situado entre el Camí de la Universitat confluencia con el Camí de Bellisens y la vía férrea Reus-Vilaseca, "donde dejaron el cuerpo oculto entre la vegetación".
Según la sentencia, "el estrangulamiento y maltrato propinados a Thais O.P. fueron la causa de su muerte". Para el magistrado, los acusados se aprovecharon de que la víctima tenía reducidas "de forma intensa" sus posibilidades de defensa, ya que "no portaba arma ni objeto alguno con el que defenderse, contando tan sólo con sus manos".
El magistrado rechaza la posibilidad de que uno de los acusados, Enrique A., tuviera las facultades alteradas por el consumo de drogas y tampoco acepta para éste la atenuante de confesión reclamada por su defensa.
Tal como hizo el jurado, se descarta la posibilidad de que Gabriel D. sólo fuera encubridor de los hechos. Su autoría se fundamenta en la inculpación que contra él efectuó el otro acusado y en la declaración de una de las policías, que explicó que necesariamente tuvieron que ser dos personas las que trasladaron el cuerpo y que se lo llevaron inmediatamente después de producirse la muerte.
Asimismo, el hecho de que Gabriel D. supiera datar la fecha de la muerte y conociera detalles muy claros de los hechos cuando declaró ante la Policía también le inculpa, según entiende el jurado y recoge el juez. Se acepta en el delito la agravante de superioridad por "el número de agresores, la desproporción de fuerzas, el lugar y el tiempo escogido para el ataque --sin que nadie pudiera razonablemente ver ni oír a la víctima--".
No se aceptan, como ya dictó el jurado, las eximentes o atenuantes de intoxicación por abuso de drogas, solicitadas por la defensa de Enrique A., porque "antes y después del hecho fue capaz de conducir el coche sin sufrir percance alguno". "Después de matar a Thais fue capaz, junto con el otro acusado, de buscar un sitio más escondido para ocultar el cadáver e, incluso, de buscar estrategias para ocultar las pruebas", añade la sentencia.
La Fiscalía y la acusación particular solicitaban para los acusados 15 años de prisión por homicidio, mientras que la defensa pidió 12 años y medio. El letrado de Gabriel D. anunció al oír el veredicto del jurado su intención de recurrir la sentencia. Por su parte, el juez negó la posibilidad para este acusado de estar en situación de libertad provisional por el peligro de fuga existente.
