El tribunal estima que hubo "negligencia" en la vigilancia y dice que con "medidas adecuadas" el delito "no hubiera podido ser cometido"
PONTEVEDRA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó al vecino de Cangas Santiago Pena Martínez a penas que suman 20 años de prisión por el asesinato de un recluso de nacionalidad nigeriana con quien coincidió en noviembre de 2006 en el penal pontevedrés de A Lama.
Además, Santiago Pena Martínez también fue condenado por lesionar gravemente a otro preso y por un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas.
El tribunal de la Sección Segunda consideró probado que el acusado y el otro recluso que resultó fallecido, Johnson Omoruyi, se enzarzaron en una pelea en el patio de la cárcel y, posteriormente, cuando estaban guardando cola en el comedor, el procesado, "movido por el rencor del episodio anterior", atacó al otro recluso y le asestó siete puñaladas aprovechando que estaba desprevenido y con la bandeja de los alimentos en las manos.
En este sentido, la sentencia, dada a conocer por el presidente de la sala, magistrado José Juan Barreiro Prado, destaca el carácter alevoso de la agresión de Santiago Pena Martínez "por su fría premeditación", esperando a que la víctima estuviese ocupado, atacándole "sorpresivamente" por detrás y empleando un puñal "para eliminar todo riesgo de defensa".
Así, entiende el tribunal que el procesado actuó de este modo porque tenía "muy claro" que en condiciones de igualdad llevaba todas las de perder frente a Omoruyi, por la diferencia de constitución física de uno y otro.
NEGLIGENCIA EN LA VIGILANCIA.
En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia determina que es responsable el procesado y subsidiariamente será el Estado el que indemnice con 80.000 euros a la viuda e hijos, puesto que los hechos ocurrieron en un centro penitenciario donde "se requiere especial cuidado para que instrumentos que puedan ser utilizados como armas no queden al alcalde de los presos".
La sentencia argumenta que hubo "negligencia en el cumplimiento de las funciones de vigilancia", y concluye que "es evidente que si se hubieran previsto adecuadas medidas de control, el delito no hubiera podido ser cometido".
Ésta es la sentencia número 28 contra Santiago Pena Martínez, que con 36 años de edad ha pasado la mayor parte de su vida, 20 años, entre rejas por 33 delitos de diversa naturaleza a los que ahora suma el asesinato, delito por el que se encuentra cumpliendo prisión preventiva.
