BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente en tres ocasiones de una menor de edad disminuida psíquica en Ripollet (Barcelona). Además, Rafael B.P., de 55 años, deberá pagar 18.000 euros a la joven, N.R.S., por daños morales y no se le podrá acercar a menos de un kilómetro durante 15 años.
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia considera probado que el acusado, abogado de profesión, habría violado tres veces a N.R.S., de 13 años a finales de 1998, sabiendo que la joven sufría una disminución psíquica importante.
Rafael B.P. conoció a la joven en un descampado de Ripollet, donde solía con a una amiga a jugar con un perro. El día que se produjo la primera agresión, el individuo la invitó a subir a su coche, un Peugeot 206 blanco y con matrícula de Barcelona, propiedad de su esposa. Según la Audiencia, allí le obligó a realizarle una felación y le dio 5.000 pesetas a cambio.
Días después, el procesado volvió a llevar a la joven en su coche al descampado y allí la penetró analmente, dándole 15.000 pesetas a cambio, operación que repitió pocos días más tarde.
LA FISCALÍA PIDIÓ 30 AÑOS.
La fiscal pidió diez años de prisión por tres delitos de abusos sexuales, la inhabilitación absoluta del acusado, una indemnización de 18.000 euros para la víctima por daños morales y la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de la joven durante 15 años. Por su parte, la defensa solicitó la absolución de su cliente.
En su momento, la Generalitat se presentó como acusación pública, pero finalmente se retiró del proceso.
La vista oral se celebró el 7 y 8 de febrero a puerta cerrada, a petición de las partes, para proteger la intimidad de la chica y de los testigos, que pidieron declarar detrás de una mampara. La chica, que ya tiene 20 años, ratificó sus anteriores declaraciones contra el procesado, al que volvió a reconocer durante el juicio. La joven tiene un grado de disminución psíquica del 39%, según un dictamen del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales de la Conselleria de Bienestar y Familia.
Durante la vista oral, el Tribunal no admitió a trámite unos documentos aportados por la defensa que el Sindicato Libre e Independiente había colgado en los juzgados donde se acusaba al imputado, ya que, según los magistrados, no incidió en la declaración de la víctima ni de los testigos.
En cambio, el Tribunal ha llegado "a la firme y unánime convicción sobre la certeza de los hechos", que el acusado negó en todo momento. Aunque en la sentencia se admite que la principal prueba de cargo es únicamente la declaración de la víctima, el tribunal la considera "veraz".
La sentencia tiene en cuenta que la menor ha mantenido su versión durante todo el proceso sin incurrir en grandes contradicciones. También confirman la versión de la joven la declaración de su amiga, de profesores del instituto donde estudiaba y de los médicos que la trataron tras denunciar los abusos.
La defensa, no obstante, alegó que la Policía sólo enseñó a la joven una fotografía del imputado para su identificación, aunque los atestados policiales confirmaron que se le mostraron varias fotos y que la adolescente reconoció a su agresor.
Los magistrados tampoco consideran "creíble" que la víctima se sentase junto al acusado en la sede del juzgado durante la instrucción, como señaló Rafael B.P.. Asimismo, considera "novelesca" la explicación del acusado sobre la identificación de su vehículo. Según él, un día varios individuos rodearon su coche y le enseñaron una placa de policía, algo que tendría que haber denunciado teniendo en cuenta, además, que es abogado.
El Tribunal entiende que durante las agresiones el acusado no usó la violencia ni la intimidación, como admitió la víctima, aunque "no alberga dudas" de que el condenado abusó de la menor al sufrir una clara disminución psíquica.
Por todo ello, el Tribunal le condena a siete años de cárcel y a cinco de alejamiento por cada uno de los abusos, y a pagar 18.000 euros a la víctima por daños morales.
OTROS CASOS.
Se da la circunstancia que Rafael B.P. es abogado colegiado y todavía ejerce desde su despacho de Barcelona. Según explicó a Europa Press, el citado sindicato quiere "arruinarle la carrera" y actúa con voluntad de "venganza" por anteriores conflictos.
Rafael B.P., además, tiene pendiente otra denuncia. Según las diligencias abiertas por los Mossos d'Esquadra y el Juzgado de Instrucción número 3 de Mollet del Vallès (Barcelona), el procesado tramitaba la legalización de Cruz Magdalena H.P., ecuatoriana de 38 años, cuando le hizo proposiciones deshonestas y la rozaba y se le acercaba demasiado. Además, en 2003 le habría cobrado 3.000 euros por dichas gestiones sin darle ningún recibo.
