MELILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a seis años de prisión al que fuera secretario judicial del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla, Rafael R., por la comisión de sendos delitos de falsedad en documentos oficiales y malversación de caudales públicos, tras quedar probado que libraba mandamientos falsos de devolución de fianzas carcelarias a los letrados de acusados que sin embargo estaban en rebeldía en vez de ingresar ese dinero en el Tesoro Público.
El mismo tribunal, en la sentencia a la que ha tenido acceso acceso hoy Europa Press, ha decidido en cambio absolver de los delitos que se acusaba en el llamado "Caso Fianzas" a los abogados María del Carmen B., Abdelkader M., Antonio Z. y Felipe C. por falta de pruebas. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días, a contar desde ayer, momento en que se notificó la misma a las partes.
El ex secretario judicial y los cuatro abogados estaban acusados de la presunta comisión de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y estafa cometidos supuestamente a finales de 1990 y principios de 2000, por haberse quedado supuestamente con fianzas carcelarias de presos en rebeldía, con un monto total de 153.000 euros, 25 millones de las pesetas que estaban circulación en aquella época.
Según el auto de la Fiscalía, el representante del Ministerio Público solicitaba 23 años prisión para el entonces secretario judicial, y penas que iban desde los once a los cinco años a los cuatro abogados, además de inhabilitación, multa y devolución de los 153.000 euros al Estado.
Sin embargo, finalmente el único condenado es el secretario judicial sustituto mientras los abogados son absueltos, en una sentencia que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo desde los cinco días de notificación, una situación que se produjo ayer pasado el mediodía en audiencia pública.
La Audiencia Provincial de Málaga condenó finalmente al funcionario que hacía las veces de secretario judicial del Juzgado de lo Penal número 2 a una pena de seis años prisión por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales y otro delito continuado de malversación de caudales públicos.
También le castigan por estos motivos al pago de una multa de 24 meses, a razón de cinco euros día (algo más de 3.600 euros), con apremio personal subsidiario de un día de privación de libertad por cada dos cuotas que deje de satisfacer y a la pena de seis años de inhabilitación especial. Asimismo, condenan a Rafael R. a indemnizar al Estado español en la suma de 53.189,57 euros "por las cantidades --afirma el auto judicial-- sustraídas y no reintegradas al erario público".
En cambio, el tribunal, presidido por José Luis Martín Tapia, absuelve "con toda clase de pronunciamientos favorables" a María del Carmen B., a Abdelkader M., a Antonio Z. y a Felipe C. "de todos y cada uno de los delitos por los que venían siendo acusados".
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press "en modo alguno se ha demostrado que ninguno de estos letrados haya actuado en connivencia con el señor R. para la comisión de ninguno de los delitos que se les imputaban, por lo que, aún cuando sólo fuera por aplicación del principio 'in dubio pro reo', habrán de ser absolutos", es decir que la falta de prueba de la culpabilidad equivale a la prueba de la inocencia. Por ello, en caso de duda, de incertidumbre cuando no exista una certeza absoluta de la culpabilidad, se resuelve en favor del imputado.
