Audiencia de Gipuzkoa dice que los policías aprovecharon la situación personal de la víctima, que iba a enviar el dinero a su familia
SAN SEBASTIAN, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, cada uno, y a suspensión de empleo durante la pena, a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía por robar 3.500 euros a una ciudadana filipina procedente de París en la estación de tren de Irún.
Según recoge la sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, los hechos sucedieron sobre las ocho menos veinte de la mañana del 29 de abril de 2004, cuando los agentes se disponían a verificar la regularidad de la entrada al Estado español de los pasajeros del tren en el que venía la víctima.
De las pocas personas que descendieron del tren, únicamente le solicitaron la documentación a esta mujer, que viajaba acompañada su hijo de dos años, y que se dirigía a Santander para pasar allí unos días con su hermana y sobrino.
La denunciante, que no hablaba castellano, les entregó el pasaporte y, tras examinarlo, le conminaron a acompañarles a una dependencia ubicada en la estación, aduciendo que carecía de visado.
Allí, los policías le registraron el bolso y sustrajeron del mismo un sobre con 3.500 euros que la mujer "había ahorrado con los salarios percibidos en el trabajo que desempeñaba en París y que pensaba remitir a su familia, residente en Filipinas", señala la sentencia. A continuación, le devolvieron el pasaporte y le permitieron el acceso.
INVESTIGACION INTERNA
Los magistrados consideran que los agentes se "prevalieron" y "abusaron" de la situación personal de la víctima para apoderarse del dinero. Para ello, "se escudaron" en que no tenía visado para, "tras ubicarla en un espacio no perceptible por terceros, ampararse en sus reducidas capacidades de comunicación y sus significativas dificultades de defensa".
La Sala concluye que, de esa manera, los agentes "involucraron a la víctima en un contexto de máxima debilidad defensiva". Destaca que se "prevalieron" de sus funciones como policías, lo que considera de una "especial gravedad" y una agravante del delito de hurto por el que les condena.
Los magistrados estiman "creíble" la declaración de la víctima y dicen que "goza de las notas de suficiencia precisas para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia" de los acusados.
En este sentido, argumentan que la mujer no tenía motivos para realizar una denuncia falsa contra los agentes, y destaca que cuando sucedieron los hechos, el Cuerpo Nacional de Policía desarrollaba una investigación interna sobre "prácticas policiales corruptas" que consistían en robar dinero a extranjeros de países no integrados en la Unión Europea aprovechando su entrada en España.
