El ESCORIAL, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social Número 1 de Soria ha obligado a la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores, relacionada con supuestas apariciones marianas en un prado de El Escorial, a dar de alta en la Seguridad Social a 18 mujeres que prestaban sus servicios en una residencia de ancianos en la localidad de Torralba del Moral, en Soria.
Así lo adelantó a Europa Press el presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial, Juan Carlos Bueno. Bueno especificó que la sentencia también condena a la Fundación de la vidente Amparo Cuevas al pago de una sanción de casi 300.000 euros.
Al respecto, la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores, en declaraciones a Europa Press, señalaron que no tienen conocimiento de esta decisión judicial y se mostraron "extrañados" de la misma, porque al ser parte implicada no les haya sido notificada la citada decisión. Además, adelantaron que recurrirán la resolución judicial.
"El objeto del juicio era valorar si existía o no relación laboral, por lo tanto nos sorprende la cantidad a la que se alude desde la Asociación de Víctimas. En cualquier caso, contra esta decisión, si cabe, presentaremos recurso al tratarse de una Primera Instancia", dijeron.
La denuncia por la que se inició este procedimiento fue presentada por Bueno ante la Seguridad Social. "La Inspección de Trabajo inició entonces una investigación de oficio. El Juzgado de Soria que las actas del inspector de trabajo, que concluye que tienen que dar de alta a 18 de las 21 trabajadoras del centro", explicó Bueno.
Según el presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones, pusieron en conocimiento de la Seguridad Social que 21 trabajadoras estaban prestando sus servicios en la residencia de Soria sin contrato de trabajo.
"La sentencia tiene un valor muy grande para la Asociación de Víctimas. En primer lugar por las mujeres que están allí trabajando, que llevan 20 años sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Estaban desamparadas, trabajando 14 ó 16 horas diarias, sin descanso los fines de semana ni vacaciones en verano. Es un logro importante para estas 18 mujeres", aseguró Bueno.
"Esta sentencia es una prueba de la forma de actuar de esta Fundación, que excusándose en atender a pobres han estado explotando a estas mujeres", añadió.
Bueno relató que su asociación también denunció ante la Inspección de Trabajo en Madrid a otras dos residencias dependientes de la Fundación, en Griñón y El Escorial. "Aportamos documentación y nombres. El inspector de Trabajo se personó en estos centros y levantó acta con el correspondiente expediente sancionador. A su vez, nos tuvimos que desplazar hasta Soria para denunciar a esta otra residencia", detalló.
Bueno indicó que ya se han celebrado dos juicios tras estas denuncias. "De uno de ellos el juez ya ha emitido sentencia, que es la de la residencia de Soria, este viernes. El segundo juicio tuvo lugar el 17 de diciembre, del que estamos pendientes de conocer la sentencia. Queda un tercer juicio que será el 5 de febrero", concluyó.
"LAS HERMANAS TRABAJAN POR AMOR A DIOS"
Por su parte, desde la Fundación Virgen de los Dolores se reiteró que el caso es una cuestión "meramente administrativa". "En el mismo juicio quedó más que claro que ellas trabajan por vocación, por voluntad propia, que por dinero la labor que realizan no la harían. Que de ningún modo harían esa labor por dinero. Lo hacen por amor a Dios", apostillaron.
Estas fuentes indicaron que las mujeres pertenecen a la Asociación Pública de Fieles Reparadores, erigida por el cardenal Ángel Suquía. Esta última entidad "hace frente a todos los gastos y necesidades que ellas tengan", desde el punto de vista material, sanitario, alimenticio, vestido, ropa de cama y desplazamientos.
"Incluso algunas han estado estudiando en la Universidad", puntualizaron estas fuentes, que aseguraron que la Fundación "no da ninguna contraprestación por el servicio que realizan".
"La Asociación Les facilita que puedan prestar ayuda a las personas necesitadas. La Fundación construyó el centro y es la Asociación la que se hace cargo de los gastos de las hermanas y lo que necesitan", subrayaron.
Estas fuentes indicaron también que los estatutos de la Asociación de la que forman parte establecen que las hermanas "no podrán recibir ninguna retribución por el servicio que realizan".
"Si finalmente se determina que hay que darlas de alta en la Seguridad Social, las daríamos de alta, pero habría que cambiar la filosofía de la residencia, ya que no se puede realizar una atención caritativa, sin ceñirse a la actividad empresarial. Hay residentes que no pagan nada. Los gastos que ocasionan no cubren el servicio que se les presta", aseguraron.
De este modo, indicaron que se podrían plantear del caso de "dejar de atender" a las personas que tienen pocos recursos para adaptar la atención a los precios de mercado.
Los responsables de la Fundación concluyeron que en los años 90 la Inspección de Trabajo no levantó acta sobre "el caso similar" que se daba en la residencia de El Escorial. "La Inspección de Trabajo no levantó acta por que estudió la relación existente entre la Fundación y las hermanas reparadoras y dijo que no procedía el alta en la Seguridad Social", finalizaron.
