CÁDIZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz condenó con penas que oscilan entre los 14 y los cuatro años a los integrantes de una organización dedicada a traficar con hachís y cocaína desde Marruecos y que fueron detenidos en el año 2004, algunos de ellos cuando intentaban introducir un cargamento en la playa Las Tres Piedras en Chipiona (Cádiz).
Según indicó la Fiscalía a Europa Press, la condena impuesta fue de 14 años de prisión para el considerado jefe de la organización, con residencia en Marbella (Málaga), desde donde realizaba todo tipo de maniobras esquivas para dificultar cualquier investigación que se pudiera llevar contra él, controlando los medios necesarios para llevar acabo el transporte y supervisando todas las operaciones, tanto de desembarco, como de almacenamiento y posterior distribución a terceros de la droga.
Igualmente, fue condenado a diez años de prisión uno de los acusados, supuestamente enviado por colombianos --según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía-- y que fue alojado en el domicilio del jefe de la organización, para supervisar la recepción en territorio español de la cocaína.
Por su parte, fue condenado a nueve años de prisión otro de los acusados, que fue detenido durante la operación en Madrid y que fue contratado para supervisar el traslado de la droga desde Marruecos a España. También fue condenado a nueve años de prisión otro de los acusados, contratado por los colombianos para sustituir en sus tareas al anteriormente citado, así como a cuatro años un quinto acusado, contratado para descargar la droga una vez llegado al punto designado en Chipiona.
Las detenciones se produjeron en julio de 2004, tras una investigación que comenzó a principios de ese año y que dio como fruto la interceptación del desembarco de un cargamento de 115 kilos de cocaína y una tonelada de hachís en la playa Las Tres Piedras en Chipiona, según consta en el escrito de calificación de Fiscalía al que tuvo acceso Europa Press. En la operación actuó el Servicio de Vigilancia Aduanera con un helicóptero y una patrullera después de que interceptaran en alta mar la embarcación con los narcotraficantes.
Por su parte, la Fiscalía indicó que en la sentencia se rechazaron las cuestiones, alegadas por las defensas, relativas a la vulneración de Derechos Fundamentales, en concreto la del derecho al secreto de las comunicaciones, ya que se concluye que en este caso concreto se han cumplido todos los requisitos exigidos, tanto por el Tribunal Constitucional como por la regulación legal ordinaria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitiendo, por tanto, que el contenido de las conversaciones mantenidas por los procesados en los teléfonos intervenidos sirvan de prueba para fundar la condena de los mismos.
Además, otro de los motivos por los que las defensas de los procesados consideraban nulas las intervenciones telefónicas era por la falta de notificación de los autos habilitantes al Ministerio Fiscal, cuestión ya resuelta en otras sentencias de esta misma Sala, así como también por varias sentencias del Tribunal Supremo.
