Las penas se cárcel podrán sustituirse por multa y se les impone ocho años de inhabilitación para cargo público
MÁLAGA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha condenado a un año de prisión al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a otros tres ex ediles y a nueve meses de cárcel a otros cinco ex concejales del GIL por un delito contra la ordenación del territorio tras la concesión en 1999 y 2000 de licencias para la construcción de un conjunto de viviendas en la urbanización Carolina Sur, de dicha localidad. Las penas de prisión se podrán sustituir por multa en el trámite de ejecución de sentencia, en la que se impone para todos ocho años de inhabilitación para cargo público.
Así, además de Muñoz, los entonces concejales Manuel Calle, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo aceptaron la pena de un año de prisión, sustituible por 24 meses de multa a 10 euros diarios, lo que supone el pago de 7.200 euros; mientras que Rafael González, José Luis Troyano, Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa y Javier Lendínez han sido condenados a nueve meses de cárcel, sustituible por 18 meses de multa, también a 10 euros por día, lo que supone 5.400 euros. Además, se declara la nulidad de la licencia.
Esta resolución es firme, una vez que todos los acusados mostraron en la vista oral de hoy, por segunda vez en un juicio por delito urbanístico, su conformidad con la modificación que la Fiscalía malagueña realizó de su escrito de conclusiones provisionales, en el que solicitaba para Muñoz, González y Alcalá la pena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación especial para cargo de concejal por un delito continuado; y para el resto, 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación.
Los hechos enjuiciados se refieren a la aprobación en la comisión de gobierno de 28 de mayo de 1999 de la licencia al proyecto básico de edificación presentado por la empresa Proinsa para construir la promoción conocida como Residencial Las Cañas sobre suelo clasificado en parte como zona verde deportiva. El 18 de febrero de 2000, los miembros de la comisión de gobierno de ese día concedieron licencia de obras al proyecto básico reformado y al de ejecución de dicha promoción.
Según explicó el letrado de varios de los procesados Ernesto Osuna en el acuerdo de hoy, exclusivamente para este procedimiento, se ha diferenciado las penas entre los acusados "en función de que en algunos casos habían aprobado el proyecto básico, que es el que tiene características urbanísticas, y otros el de ejecución" y teniendo en cuenta a qué corporación pertenecían los ex concejales acusados.
Destacó en declaraciones a los periodistas que en esta conformidad "están todas las posibilidades que contempla este delito, desde la multa hasta la prisión que podrán cumplir los que no quieran o no puedan pagar la multa". De hecho, indicó que "algunos" ya han manifestado que prefieren cumplir esa pena de cárcel impuesta en lugar de pagar el dinero correspondiente.
ACUERDO GENERAL.
El abogado precisó que el acuerdo puntual de esta mañana sigue "aproximadamente" los términos que se están barajando dentro de la negociación iniciada hace meses entre los letrados de los ex ediles marbellíes y la Fiscalía de cara a un pacto global sólo para los casos de licencias urbanísticas, en el que, según dijo, "vamos avanzando, aunque las cosas de palacio van despacio y no sabemos cuando se podrá llegar al acuerdo definitivo".
A este respecto, incidió en que "estamos esperando a que Fiscalía tenga una posición unificada y el criterio sólido", al tiempo que entendió que "a la propia justicia, al Estado, a toda la sociedad en general, y no sólo a los acusados, les interesa alcanzar un acuerdo razonable dentro de los estrictos términos de legalidad que garantice no sólo los derechos de resarcirse de la posible comisión de delitos, sino también una celeridad de la justicia y un ahorro de costes", al haber unos 100 procedimientos pendientes.
Osuna especificó que este acuerdo general "atiende a criterios más de acuerdo con las últimas sentencias que existen y la jurisprudencia en cuanto a la mayor o menor ofensa al bien jurídico protegido" y reiteró que "los proyectos básico son los que contienen determinaciones urbanísticas". Además, incidió en que la Fiscalía "opina que la primera corporación es la que aprueba el plan del 98 y tiene un tratamiento diferente a las siguientes, que se encuentran con una situación ya heredada".
