MALAGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la situación de prisión provisional para los seis principales imputados en la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), al considerar que los motivos por los que se decretó la entrada en la cárcel, sobre todo el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, se mantienen en este momento procesal.
De esta forma, el Tribunal desestima, según los autos a los que tuvo acceso Europa Press, los recursos presentados por las defensas de la última alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; del concejal de Transportes, Victoriano Rodríguez; del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca; de la presunta testaferro de éste Montserrat Corulla y del empresario Ismael Pérez.
Así, la Sala confirma los autos de prisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella porque en ellos "se detalla y razona suficientemente" la existencia de datos para adoptar la medida, por lo que avala los planteamientos del instructor, Miguel Angel Torres, y del fiscal, respecto a que hay indicios para considerar a los detenidos responsables de los delitos que se le imputan, así como el peligro fuga y la posible ocultación, destrucción o alteración de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.
En este sentido, el Tribunal precisa que los abogados hablaron de la situación de arraigo de sus defendidos, pero que ésta "no consta avalada por documentación u otras pruebas que la justifiquen" e insiste en que "no se han aportado indicios racionales de prueba ni argumentos jurídicos determinantes" para modificar la decisión tomada por el juez, que según se indica, "no puede ser tachada de arbitraria o absurda, ya que están interpretados con arreglo a las reglas de la lógica y la experiencia".
Respecto a la falta de jurisdicción del juez, planteada por las defensas, que pidieron la nulidad de lo actuado por este motivo, la Sala, tras analizar la documentación, desestima dicha alegación y distingue entre el motivo por el que se pidió la prórroga, que fue el seguir tramitando procedimientos concretos como 'Ballena Blanca'; y el hecho de que esos argumentos supongan una limitación de la competencia respecto a los asuntos.
Así, se explica que una cosa es el motivo alegado para pedir la comisión de servicio y otra es que "a partir del momento en que tuviese efectividad el cese, la jurisdicción y competencia de dicho magistrado quedaría limitada o constreñida al exclusivo conocimiento de los procedimientos en trámite", que requerían una "especial dedicación".
Asimismo, la Audiencia precisa que no se vulnera el derecho de defensa al estar la actuaciones secretas y considera que "carece de transcendencia jurídica" las alegaciones de los abogados sobre dilaciones indebidas en el procedimiento y sobre el hecho de que no se dé traslado a las otras partes de los recursos presentados.
Según los autos, el ex asesor de Urbanismo era "quien dirigía y controlaba totalmente las decisiones de la alcaldesa, que ocupaba un papel más simbólico que real, y de la junta de gobierno, dirigiéndose a él los empresarios a la hora de realizar operaciones inmobiliarias o relativas a los contratos y concesiones públicas. Asimismo, colaboró en la realización de unas nuevas tasas de retirada de vehículos y en diseñar un concurso para adjudicar al empresario el servicio de renting.
Por su parte, Yagüe y "posiblemente" Roca recibieron 30 millones de pesetas del empresario, en el despacho del anterior; aunque la alcaldesa habría obtenido varios vehículos, que ella y sus hijos disfrutan. Además, colaboró en la realización de ese pliego administrativo para facilitar la adjudicación del servicio de grúas a Ismael Pérez.
Respecto a García Marcos, su presunta implicación se refiere a su participación en la elaboración, junto a Roca, a Rodríguez y el también edil José Jaén, de una ordenanza fiscal para el servicio de grúa "hecha a medida" de las necesidades del empresario Ismael Pérez. Además, se le imputa haber concertado contratos relacionados con el urbanismo y obteniendo un beneficio.
