La última oferta del PSOE suaviza el trato a las fundaciones de los partidos, que podrán recibir más dinero y de más donantes
MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios del Congreso comenzarán a discutir la próxima semana las enmiendas presentadas a la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, año y medio después de que se tomará en consideración en sesión plenaria. En concreto, la ponencia encargada de informar sobre esta modificación legislativa se ha convocado para el miércoles, y en principio no se cuenta con el consenso del primer partido de la oposición, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
La vigente Ley de Financiación data de 1987, es la más antigua de Europa en esta materia y su actualización venía siendo reclamada por el Tribunal de Cuentas desde hace años. El 20 de noviembre de 2005 el Pleno del Congreso dio un paso hacia su reforma al tomar en consideración la propuesta de ERC por unanimidad, pero la iniciativa no llegó a avanzar.
Tras sucesivas prórrogas, las enmiendas de los grupos se registraron el pasado mes de junio y será la próxima semana, un año y medio después de que se aceptase su tramitación, cuando se empezará a discutir el articulado.
En las últimas semanas los grupos parlamentarios han mantenido contactos para intentar llegar a la ponencia con un texto lo más consensuado posible. Tras ese intercambio de propuestas, hace dos semanas el PSOE trasladó al resto de grupos un último borrador que no ha convencido al PP.
De hecho, el ponente en esta negociación, Vicente Martínez Pujalte, se descolgó el viernes asegurando que el PSOE y las minorías que trabajan en el acuerdo pretenden "repartirse el dinero de los españoles para arreglar sus problemas", permitir "más posibilidades de 'mangarrufas'" de los socialistas y abrir la puerta a dar subvenciones a Batasuna.
CONDONACIÓN DE DEUDA Y PARTIDOS ILEGALES.
Los 'populares' consideran que los principales escollos son las operaciones de condonación de deuda y la posibilidad de que formaciones vinculadas a Batasuna puedan percibir subvenciones públicas.
El PP tiene presentadas enmiendas para prohibir que se entreguen subvenciones públicas, sean estatales o autonómicas, a formaciones que incurran en conductas sancionadas en la Ley de Partidos o que incluyan en sus órganos directivos a condenados por terrorismo, así como para rechazar operaciones de condonaciones de deuda por encima de los 90.000 euros anuales.
La última oferta del PSOE mantiene la autorización a los partidos para poder renegociar su deuda con los bancos y el único límite que se establece es el de "los usos y costumbres del tráfico mercantil", pero sin cuantía máxima alguna.
Estas operaciones de renegociación de créditos y condonación de intereses han sido tradicionalmente un punto que ha enfrentado a los dos partidos mayoritarios. El PSOE, fundamentalmente a raíz del referéndum de la OTAN de 1986, acumuló mucha deuda con los bancos que ha tenido que ir renegociando paulatinamente y frente a duras críticas del PP. La última polémica se suscitó al hacerse pública la condonación parcial de un crédito que La Caixa había concedido al PSC, cuyo primer secretario, José Montilla, era entonces el ministro de Industria que lidiaba con la OPA que Gas Natural, participada por La Caixa, lanzó sobre Endesa.
En cuanto a los recursos públicos que puedan llegar al mundo de Batasuna, el PSOE sólo ha accedido ahora a incluir un nuevo apartado en su artículo 3 que permite la suspensión de la entrega de las subvenciones públicas pero siempre por decisión de la autoridad judicial y a propuesta del Ministerio del Interior, y en aquellos casos en que ya se ha "iniciado el procedimiento de ilegalización" del partido aludido.
HASTA 120.000 EUROS AL AÑO.
Donde más incide la última oferta del PSOE, a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press, es en la regulación de las fundaciones ligadas a los partidos políticos. Con relación a su anterior borrador y a lo que en su día propuso Esquerra Republicana, autora de la reforma que se debate en la Cámara Baja, los socialistas proponen ahora relajar los requisitos de control de estas entidades y permitir que reciban más dinero y de más donantes.
Así, propone el límite de las aportaciones que una persona física o jurídica pueda hacer a las fundaciones sea de 120.000 euros anuales, 30.000 euros por encima del tope que se propone para las donaciones a partidos políticos. Además, se permite que las empresas que contratan con la Administración puedan dar dinero a una fundación política, cosa que se les impide hacer con un partido.
