MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Memoria Histórica, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio, pasará previsiblemente su primer trámite en el Congreso el próximo 21 de septiembre, cuando el Pleno acoja el debate de totalidad. Habida cuenta de que PP, ERC e IU-ICV ya han anunciado que pedirán la devolución del texto al Gobierno, los socialistas intentarán garantizar su tramitación con los votos de CiU, PNV y Coalición Canaria.
Fuentes socialistas dan por hecho que ERC e IU-ICV mantendrán su anuncio y enmendarán a la totalidad esta polémica ley, que rechazan por insuficiente. Su principal reivindicación es que la norma recoja la anulación de los juicios sumarios del franquismo, una demanda que el Ejecutivo rechaza por entender que apenas hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la retroactividad de las leyes más allá de la Constitución.
Así las cosas, aunque el PSOE tiene previsto mantener algún contacto con los que hasta ahora han sido sus 'socios preferentes' en el Congreso, el partido que da apoyo al Gobierno tiene asumido que la ley comenzará su tramitación parlamentaria enfrentándose a tres enmiendas de totalidad.
Para poder salvarlas y conseguir que el proyecto del Ejecutivo pase esta primera 'prueba de fuego', los socialistas intentarán asegurarse el respaldo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, que, en principio, no tienen previsto presentar enmiendas de totalidad.
DECLARACIONES DE REPARACION
El proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura prevé crear un Consejo designado por el Parlamento que permitirá conseguir la rehabilitación "moral" individual de las víctimas.
La ley fija el plazo de un año para poder solicitar estas "declaraciones de reparación", que una vez resueltas se publicarán en el BOE. De esta forma, el texto descarta anular los juicios sumarísimos, demandados por asociaciones y grupos como ERC e IU-ICV.
El Valle de los Caídos recibe un tratamiento específico en la norma. En concreto, establece que permanecerá como lugar de culto pero añade que en "ningún lugar del recinto se podrán llevar a cabo actos exaltadores" de la Guerra Civil o la dictadura, lo que impedirá las concentraciones que se han venido produciendo en los últimos años en la explanada del Valle de los Caídos con motivo del 20-N.
