El Congreso aprobará a mediados de julio la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

Ignacio Wert
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 1 julio 2014 15:02

El texto del Gobierno incluye la llamada 'Tasa Google' para compensar a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno quiere acelerar la tramitación de la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual y, por ello, ha pedido al Congreso de los Diputados que se habilite el mes de julio, periodo no hábil parlamentariamente, para que pueda aprobarse la normativa a mediados de mes y ser enviada al Senado directamente para ya zanjarse su tramitación después del periodo estival.

Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes parlamentarias, quienes aseveran la "urgencia" que siempre ha defendido el Ejecutivo con esta reforma parcial de la normativa, ya que hay que adaptar a la legislación española dos directivas comunitarias pendientes, la primera de 2011 que amplía de 50 a 70 años el plazo de protección de artistas de obras musicales con letra, así como otra de 2012 por la que se establecen garantías jurídicas para las 'obras huérfanas'.

Se trata de una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. El Gobierno realizará una reforma de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre la materia.

INICIO DEL TRÁMITE PARLAMENTARIO

Esta nueva regulación, que también recoge la llamada tasa Google, una compensación a los editores por el uso de sus contenidos en agregadores de noticias, fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de febrero, y su debate de totalidad tuvo lugar en el Congreso en abril.

En aquel momento, PP, UPN y Foro de Asturias tumbaron las seis peticiones de la oposición (PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur) por retirar y devolver al Gobierno la ley. CiU y el PNV se abstuvieron en la votación.

Precisamente, este mismo martes se cierra el plazo para que los grupos parlamentarios hagan sus aportaciones o presenten sus enmiendas al articulado de la ley en el Congreso.

JULIO NO ES PERIODO ORDINARIO

Como el objetivo es que a mediados de julio se envíe la norma al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria, y se apruebe de forma definitiva tras el verano, el Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados que habilite la Comisión de Cultura para poder tramitar la ley, según han asegurado a Europa Press otras fuentes parlamentarias.

El hecho es que julio se enmarca dentro del periodo no ordinario de sesiones y el Ejecutivo ha pedido a la Cámara que habilite esta comisión para que pueda acelerarse la aprobación definitiva de esta reforma parcial de la ley.

La Ley se aprobará con competencia legislativa plena, es decir, se dará luz verde a la misma desde la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, y no tendrá que contar con el visto bueno del pleno en su conjunto. Así, se enviará directamente al Senado, para continuar con su tramitación parlamentaria ya tras el verano, con la reanudación del periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre.

Según aseguró el responsable ministerial de la normativa, José Ignacio Wert, el pasado mes de abril, durante el debate de las enmiendas de totalidad de la ley, el objetivo del Gobierno es alcanzar el "mayor consenso" posible durante la tramitación parlamentaria para el "mejor futuro" de las industrias culturales y creativas.

Wert indicó que en él se refuerzan los mecanismos de regulación y transparencia de las entidades de gestión de la propiedad intelectual, se unifica el lugar de pago, a través de una ventanilla única, de los usuarios que utilizan estos contenidos. Según precisó habrá tres agentes de supervisión: el Ministerio de Cultura; la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

TASA 'GOOGLE'

Igualmente, explicó que se va a "mejorar" la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se va a dar una nueva regulación del concepto de copia privada y se va a adaptar el límite de la reseña de los agregadores de contenidos o buscadores de Internet, es decir, se reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias de ser compensados económicamente por la explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos. Este último precepto es el que se conoce como 'Tasa Google' y ha generado polémica entre los distintos agentes del sector.

Además, el ministro resaltó que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería, ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.

Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.

Según ha reconocido Wert, se trata de una reforma "parcial" aunque eso "no excluye que sea importante" para las industrias culturales y creativas que producen cerca del cuatro por ciento del PIB, por tanto "parte importante y efectiva del proceso de recuperación y crecimiento de empleo".

NO HA HABIDO COMPARECENCIAS DE EXPERTOS

Otro de los puntos más criticados durante la tramitación parlamentaria de la normativa ha sido la ausencia de comparecencias en el Congreso de expertos en la materia.

Según ha afirmado en alguna ocasión el portavoz del PP en la materia, Juan De Dios Ruano, no han sido necesarias estas comparecencias ya que todos los grupos parlamentarios han mantenido reuniones con el sector, partiendo de la base de que es una reforma parcial.

Precisamente, otra de las críticas de los grupos parlamentarios al texto presentado por el Gobierno es que esta normativa no ha sido elaborada con el consenso del sector.

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