El PP accede a que las CCAA sólo informen de viajes de presidentes y consejeros cuando se desplacen fuera de la UE
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, proyecto estrella del jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, llegará este jueves al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
El texto entra en su último trámite con algunas cesiones a socialistas y nacionalistas acordadas en su paso por el Senado. La ley saldrá esta semana del Congreso para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Pleno de la Cámara Baja votará exclusivamente las enmiendas al texto que se incorporaron durante su trámite en el Senado. La más importante de ellas es la relajación que ha aceptado introducir el PP en la obligación que la ley impone a las Comunidades Autónomas de que informen previamente al Gobierno sobre sus viajes al extranjero.
INICIALMENTE SE FISCALIZABAN TODOS LOS VIAJES
El Ejecutivo pretendía obligar a las autonomías a que avisaran de todos los desplazamientos al extranjero de sus altos cargos y miembros de los Parlamentos regionales, una exigencia a la que se opusieron frontalmente el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV, cuyos representantes llegaron a reunirse en varias ocasiones con García-Margallo para acercar posiciones.
Al final, el PP cedió en este punto y accedió a relajar el requisito, de manera que la obligación de informar de los viajes se limita a los presidentes y consejeros autonómicos. Quedan excluidos, como también reclamaban socialistas y nacionalistas, los desplazamientos dentro de la UE o a sus instituciones.
Esta obligación de informar de los desplazamientos al extranjero afecta también a los órganos constitucionales del Estado. Recibido el aviso, Exteriores podrá emitir "recomendaciones" sobre si la propuesta de viaje se adecúa a los objetivos de la política exterior española, que dirige en exclusiva el Gobierno.
ANTERIORES INTENTOS FALLIDOS
La Ley de la Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado es la primera de este tipo que se aprueba en democracia. Todos los jefes de la diplomacia lo intentaron, pero fallaron en el intento por las peleas de competencias entre los distintos Ministerios y las suspicacias que el proyecto levantaba en los partidos nacionalistas.
El proyecto de Margallo se ha topado con los mismos obstáculos, y el texto se ha ido descafeinando desde los primeros borradores que elaboró Exteriores (más de 30). Por el camino se quedó, por ejemplo, la ambición de que Hacienda pudiera vetar la apertura de delegaciones autonómicas en el extranjero en el caso de CCAA que incumplieran el objetivo de déficit. O una propuesta de última hora del PP, que quería crear un registro de viajes autonómicos.
Con la redacción actual, la ley obligará a las CCAA a informar previamente al Gobierno de la apertura de delegaciones en el extranjero, pero el Ejecutivo solo podrá decir si considera o no pertinente esa decisión.
Tanto el PSOE como los nacionalistas de CiU, PNV, BNG; IU y los independentistas de ERC han denunciado durante la tramitación del texto el afán "innecesario" de controlar y limitar la actividad de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior que rezumaba, en su opinión, el proyecto.
El Gobierno siempre ha respondido a estas críticas que su intención no es controlar, sino coordinar la acción de todas las instituciones del Estado que despliegan actividades en el extranjero, desde los distintos Ministerios a las diferentes Comunidades Autónomas y entidades locales, con el fin de "tener una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados".
NOVEDADES
Junto a la obligación de que las CCAA informen al Gobierno de sus viajes y apertura de delegaciones en el exterior, el texto presenta otras novedades, como la creación de una carta de instrucciones al embajador recién nombrado que podrá incluir peticiones de CCAA o la posibilidad de que el Congreso pueda solicitar la comparecencia de un embajador para que informe sobre los objetivos de su misión.
La norma obligará al Ejecutivo a presentar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una Estrategia de Acción Exterior para cuatro años con las prioridades y objetivos a medio plazo en esta materia. Su elaboración corresponde a Exteriores en colaboración con el resto de Ministerios. La Estrategia, dice el proyecto de ley, "recabará e integrará, en su caso" las propuestas de actuación en el ámbito exterior de los órganos constitucionales, las CCAA y las entidades locales.
El Gobierno podrá omitir aquellas propuestas que no se adecúen a los objetivos de la política exterior que fija en exclusiva el Ejecutivo pero en ese caso deberá explicarlo. La Estrategia se debatirá en el Parlamento antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Para dar cuenta de la ejecución de esta Estrategia, el Gobierno elaborará, cada año, un Informe Anual de Acción Exterior.
La ley permitirá que el Gobierno pueda "exigir el reembolso" del dinero público empleado para asistir a españoles en el extranjero "en una situación de emergencia consular" cuando el ciudadano se haya "expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje".
La ley convierte al Consejo de Política Exterior, órgano asesor del presidente del Gobierno creado en el año 2000 pero que apenas se ha utilizado, en el instrumento destinado a asesorar al jefe del Ejecutivo sobre el despliegue del Servicio Exterior del Estado.
De esta forma, las decisiones sobre la reordenación de los medios que componen el servicio exterior del Estado (apertura o cierre de embajadas y creación o supresión de plazas) pasa a ser una decisión más colegiada en lugar de una negociación entre Exteriores y Hacienda exclusivamente, como ocurre en la actualidad.
