MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios se han dado quince días, hasta el próximo 24 de octubre, para empezar a buscar acuerdos en torno a la reforma de la Ley de Indultos de 1870, auspiciada por el PSOE y cuya ponencia ha quedado este martes constituida.
Esta proposición de ley del PSOE, registrada en agosto de 2016 y aceptada por el Pleno del Congreso en septiembre de 2017, modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.
PRESIÓN DEL PP
Tras numerosas prórrogas, los grupos presentaron sus enmiendas el pasado mes de febrero, pero desde entonces nada se ha movido hasta que hace dos semanas la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, urgió la convocatoria de la ponencia para impulsar la tramitación.
En concreto, Montserrat dio un ultimátum de 24 horas a los socialistas para activar la modificación de la Ley de Indultos y así impedir que esta medida de gracia se pudiera aplicar a condenados por sedición o rebelión. Es más, avisó de que si la proposición de ley seguía paralizada, registrarían en el Congreso otra alternativa y una reforma del Código Penal para recuperar tipos delictivos como la convocatoria de un referéndum ilegal.
Así, la Mesa de la Comisión de Justicia, presidida por Isabel Rodríguez, decidió en su reunión de hace dos semanas, y tras analizar el recurso que Montserrat les remitió, fijar para este martes la constitución de la ponencia.
Pero, además, los grupos han aprovechado para fijar la fecha de la primera reunión de trabajo de la ponencia, el 24 de octubre, por lo que ahora disponen de 15 días para comenzar a buscar consensos en torno a las enmiendas que se incorporarán a la proposición de ley original del PSOE, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
EL PP QUIERE EXCLUIR A LOS CONDENADOS POR REBELIÓN O SEDICIÓN
De entrada, el PP ya ha anunciado su objetivo de excluir de este perdón a los condenados por sedición o rebelión, lo que afecta a los independentistas catalanes que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Todo ello a raíz de que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostrara partidaria de indultar a los líderes soberanistas presos o de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, apuntara que "no sería lógico alargar la prisión preventiva" si el juicio de los políticos del 'procès' se dilata en el tiempo.
