Avisa de que la aplicación de la prisión provisional alcanza "unos índices claramente preocupantes"
MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición de ley presentada por Eusko Alkartasuna (EA) en la que se insta al Gobierno a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para corregir excesos en la aplicación de la prisión provisional y derogar el régimen de incomunicación. Esta formación califica de "inaceptable" que en 2003 se acordarse alargar el plazo de incomunicación a los detenidos y presos por terrorismo.
En su iniciativa, la diputada de EA, Begoña Lasagabaster, explica que la ley prevé la posibilidad de adoptar la incomunicación de los detenidos o presos por un tiempo mínimo imprescindible que "por regla general no debe sobrepasar los cinco días". Y recuerda que en materia de terrorismo se contempla "el alargamiento del plazo de detención policial de las 72 horas constitucionales hasta las 120".
Es más, señala que la reforma del año 2003 aumentó el plazo de la incomunicación en casos de terrorismo "a cinco días más". "La regulación resulta inaceptable desde el punto de vista de los derechos de las personas detenidas y en cuanto a la falta de garantías para evitar las torturas y malos tratos", denuncia.
Lasagabaster entiende que esto plazos de incomunicación "son excesivos a la luz de la jurisprudencia constitucional" y por eso propone adaptar la legislación española "en el sentido propuesto por el Comité contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU".
En concreto, propone la derogación de los artículos 509, 510 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los que se regula el régimen de incomunicación. "La incomunicación de detenidos y presos debe ser rechazada por motivos humanitarios en la medida en que supone un daño importante para la persona detenida o presa, y para sus familiares la incomunicación entre ellos, el desconocimiento sobre el estado de salud, etc", recalca.
INCREMENTO "ESPECTACULAR" DE LA PRISION PROVISIONAL
En la misma proposición de ley, EA destaca que en los últimos tiempos se ha confirmado la extensión de la prisión provisional en "unos índices claramente preocupantes", en torno al 7,5 por ciento". "Unos incrementos espectaculares y espeluznantes", subraya.
Lasagabaster considera que la regulación de esta medica cautelar debe responder a "la doctrina garantista establecida en distintas sentencias del Tribunal Constitucional". Según recuerda, la ley contempla una serie de principios básicos, como el principio de excepcionalidad, que actualmente "se incumple", en la medida en que se trata de una restricción del derecho fundamental a la libertad de una persona presumida aún inocente.
Por todo ello, Eusko Alkartasuna propone que las medidas cautelares se apliquen "siempre que existan indicios racionales de comisión de un delito o que esos indicios racionales indiquen que el imputado puede obstruir la acción de la justicia".
