MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley del PP de reforma de la Ley General Penitenciaria para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad e incrementar así su protección ante las agresiones que puedan sufrir por parte de los reclusos.
Con esta iniciativa, los 'populares' atienden una exigencia histórica de este colectivo, encargado de la custodia, atención y fomento de la rehabilitación de los reos, que llevan "varias décadas" exigiendo una protección similar al de la Policía y la Guardia Civil y que hasta ahora "ningún Gobierno les ha reconocido".
En caso de admitirse a trámite, el PP buscará, como señala el texto de su propuesta, que los funcionarios de prisiones tengan "una mayor protección" ante las agresiones de los internos y podrán declarar con una identificación de su número de funcionario en los tribunales de justicia --en vez de con su nombre y apellidos-- para no poder ser coaccionados, además de tener una presunción de veracidad. Asimismo, los ataques que sufran por parte de los reclusos van a tener una pena "agravada".
Además, en caso de que un funcionario de prisiones cometa un delito, estará en unas celdas especiales, no mezclados con el resto de internos, y tendrá garantizado un traslado más seguro a los centros penitenciarios para que no pueda sufrir una represalia por parte de internos que los identifique.
UNA AGRESIÓN DIARIA EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS
En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno de Mariano Rajoy informó de que el Ministerio del Interior tiene registradas un total de 2.132 agresiones a funcionarios de prisiones en los últimos seis años, lo que se traduce en que el personal que trabaja en las cárceles españolas ha sufrido una media de un ataque diario con resultado de lesiones.
En su contestación a la diputada del PSOE Zaida Cantera, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo precisaba que, según los datos de Instituciones Penitenciarias, son 2.132 las lesiones sufridas por los funcionarios desde 2011 y hasta agosto de 2016 por parte de los internos, de los que dos han sido muy graves y 54, graves. Del resto, un total de 923 agresiones fueron leves y 1.154 no sufrieron ningún tipo de daño.
No obstante, los ataques a funcionarios de prisiones han ido disminuyendo. Si 2011 fue el año en que se registró el mayor volumen de ataques, 427, en 2012 esa cifra bajó a 406; en 2013, a 314; en 2014, a 359; en 2015, a 342; y 284 fueron los que se contabilizaron hasta agosto de 2016.
