MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados votará este jueves, día 3 de diciembre, si devuelve al Gobierno el proyecto de Ley General Audiovisual, tal y como han pedido el Partido Popular y el grupo formado por ERC-IU-ICV, lo que podría retrasar la aprobación de esta norma, demandada por el sector desde hace años.
En su enmienda a la totalidad, el PP considera que el texto "carece del consenso necesario para su aprobación" y no cuenta con el respaldo de ninguno de los sectores afectados. Además, los 'populares' señalan que muchos de estos sectores implicados no han sido ni siquiera consultados para la elaboración del proyecto de ley.
En este sentido, el grupo popular señala que han llegado al Parlamento "más de 500 propuestas de enmienda de más de 30 asociaciones a las que no se ha dado ocasión de participar en el texto". "Se trata de un proyecto de ley que nace anticuado, técnicamente deficiente y supone una grave inseguridad jurídica para este sector que afronta grandes transformaciones", indican.
Por su parte, el grupo formado por ERC-IU-ICV también presentó una enmienda a la totalidad al considerar que el Ejecutivo socialista ha elaborado el texto para "obtener el favor de las televisiones privadas" y así evitar "el hostigamiento" y las críticas ante los errores que pueda cometer el Gobierno.
NOVEDADES DE LA NORMA
El proyecto de Ley General Audiovisual incluye novedades para el sector como la prohibición de emitir en televisión pornografía en abierto, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisual (CEMA) como órgano regulador y establece una serie de 'reglas de juego' para las operadores, como la posibilidad de invertir parte de los ingresos que tienen que destinar al cine español en series o el régimen de renovación y arrendamiento de licencias.
Por otro lado, la ley, que transpone la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2007, contempla una serie de sanciones que impondrá la autoridad competente a los operadores que no cumplan las reglas del mercado audiovisual. Así, las infracciones muy graves, como la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, estarán castigadas con multas de hasta 1 millón de euros.
Mientras, las infracciones graves, como incumplir del límite relativo al tiempo de emisión por hora de reloj dedicado a la publicidad y a la televenta, estará castigado con multas de con multas de 100.001 euros hasta 500.000 euros, y las infracciones leves, como el deber de atender un requerimiento de información dictado por la autoridad competente, se penará con multas de hasta 100.000 euros.
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN
El proyecto ha recibido críticas desde varios sectores. Así, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y otras 15 asociaciones agrupadas en la plataforma 'Con un máximo de 12 minutos de publicidad en televisión ganamos todos' se quejan de que el proyecto permite duplicar hasta más de 29 minutos las formas de comunicación comercial que podrían llegar a emitirse por cada hora.
Mientras, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) piden que se modifique "sensiblemente" el proyecto para que no se contemple el sector de la comunicación audiovisual "exclusivamente como un mercado" y que "queden meridianamente claras" las obligaciones que tienen las televisiones como servicio público, aunque no sean de titularidad estatal, "sobre todo sus espacios informativos".
Por su parte, la Federación Estatal de Servicios de UGT reclaman que se dote a las televisiones autonómicas de una regulación "análoga" a la de RTVE, ya que, a su juicio, con el actual redactado del proyecto las televisiones de las comunidades autónomas "quedarían sin regulación, propiciándose un devenir diverso, sin sometimiento a normas básicas y, por ello, sin las garantías suficientes para el cumplimiento del servicio público".
