MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ratificó hoy por unanimidad, el Tratado sobre el traslado de personas condenadas, firmado entre los Gobiernos de España y Filipinas, que permitirá que el ciudadano español Francisco Larrañaga, que se encuentra preso en Filipinas tras serle conmutada una condena a muerte, pueda ser trasladado a España para cumplir el resto de su condena en una prisión española.
El diputado socialista y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Juan Moscoso del Prado, destacó esta tarde en un comunicado la "importancia" que supone este tratado que ha calificado como "una historia de éxito", pero que "ha exigido mucho esfuerzo y años de trabajo".
"Gracias a este tratado, Larrañaga podrá cumplir lo que le queda de pena en España y disfrutar de sus derechos como ciudadano español en igualdad de condiciones. Eso merece la alegría y el reconocimiento de todos", aseguró el diputado navarro, que espera que el preso sea trasladado pronto a nuestro país, una vez que el Tratado sea ratificado también en Filipinas en las próximas semanas.
SE SALVÓ DE UNA PENA DE MUERTE.
Francisco Larrañaga, que este mes cumplirá diez años de encarcelamiento en una prisión de Filipinas, está condenado a cadena perpetua tras salir del corredor de la muerte después de que el Gobierno filipino aboliera la pena de muerte el pasado año, gracias a las múltiples gestiones y el esfuerzo realizado por España.
Para Moscoso, se trata de "un éxito de la sociedad y de las instituciones tanto española como filipina" y ha destacado que Filipinas se ha convertido en el primer país de Asia en abolir la pena de muerte.
En este sentido, recordó la "intensidad" con que la abolición de la pena capital en Filipinas ocupó la agenda de todas las instituciones del Estado como la Corona; el Gobierno español, y en especial el Ministerio de Asuntos Exteriores; el Congreso; el Senado y numerosos estamentos de la sociedad civil, a los que ha agradecido todas las gestiones realizadas durante estos años.
El Tratado ratificado hoy establece que "las penas o medidas de seguridad impuestas en Filipinas a nacionales de España, podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de España", y al revés, "estimando que el objetivo de las penas es la rehabilitación social de las personas condenadas, y que para el logro de ese objetivo sería provechoso dar a los nacionales privados de su libertad en el extranjero como resultado de la comisión de un delito la posibilidad de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad".
