El PSOE supedita su puesta en marcha a un acuerdo de los grupos
MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha decidido reactivar, tras tenerla congelada durante un año, la propuesta de crear una oficina parlamentaria que controle la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado que anualmente se aprueban en la Cámara y que asesore a la institución en los asuntos relacionados con las cuentas públicas, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
En marzo del año pasado, el Pleno del Congreso aprobó tramitar la proposición de ley que ERC había registrado en junio de 2008 para lograr hacer realidad una vieja reivindicación de algunos grupos parlamentarios: que la Cámara pueda controlar el destino de distintas partidas presupuestarias.
El texto de los republicanos se debatió junto con otro del PP que perseguía el mismo objetivo, pero el Congreso sólo acordó tramitar el de ERC por considerar que la iniciativa que proponía el primer partido era demasiado exhaustiva como para tomarla como punto de partida.
La diferencia fundamental entre los modelos de ERC y el PP estribaba en la composición de la oficina que se encargaría de fiscalizar la ejecución y liquidación de las inversiones previstas anualmente en las cuentas públicas.
AL FRENTE, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS
Así, los republicanos abogan por que la presida al presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso --que siempre es del primer partido de la oposición-- y que formen parte de ella, al menos un representante de cada grupo parlamentario, además de los asesores y el personal adjunto necesario.
Por contra, el PP proponía una estructura mucho más amplia en cuya cúspide se situaría un director nombrado por tres quintos del Congreso. Sin embargo, los 'populares' no han transformado en enmiendas parciales su propuesta inicial y no han presentado ninguna referida a su composición.
De hecho, el primer partido de la oposición, sólo ha registrado tres enmiendas en las que recalca que este órgano deberá tener acceso permanente y completo a los sistemas de información del Ministerio de Economía y Hacienda y elevar cada año un informe al presidente del Congreso sobre el funcionamiento de este canal de comunicación.
Por su parte, el PSOE, que subraya que la Oficina de Control Presupuestario debe inspirarse en los "principios de independencia, objetividad y transparencia", supedita su puesta en marcha a un acuerdo de los grupos parlamentarios que debería plasmarse, bien en una reforma del Reglamento del Congreso o, mientras ésta se hace efectiva, en una resolución de la Presidencia de la Cámara para la que también es imprescindible el consenso.
Respecto a la estructura, el PSOE propone que la oficina la presida quien ocupe la Presidencia del Congreso u otro diputado en quién éste delegue y que los grupos parlamentarios pacten como director a una persona "de reconocido prestigio profesional en disciplinas económicas o financieras". El personal y los medios de este órgano correrían a cargo del Presupuesto del Congreso.
INFORMES CADA TRES, SEIS Y DOCE MESES
Para mantener informada a la oficina, el Gobierno deberá remitirle un informe trimestral sobre la ejecución presupuestaria, uno semestral sobre la liquidación de las cuentas y otro anual sobre la liquidación provisional del ejercicio presupuestario anterior, que preste particular atención al nivel de ejecución de las inversiones.
Además, el PSOE prevé crear un canal de información específico directo entre la oficina y los servicios de información y coordinación presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda y que, en cualquier caso, se firme un convenio de colaboración entre el Gobierno y el Congreso para regular la forma y el alcance de las solicitudes de información puntual que el órgano parlamentario pueda cursar al Ejecutivo.
Por último, los nacionalistas catalanes de CiU han registrado cuatro enmiendas con las que pretenden definir mejor las funciones de la futura oficina y garantizar que este órgano disponga de la información suficiente para realizar su tarea teniendo acceso a las bases de información contable y presupuestaria de la Administración, incluido el sector público empresarial y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, de forma directa o mediante petición a los responsables directos del su tratamiento.
