MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas propuestas por PP y Ciudadanos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que supondrían cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de modo que sean los propios jueces los que designen a sus representantes en este órgano.
Las enmiendas han sido rechazadas por 176 votos en contra --la mayoría absoluta-- con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Bildu, y 164 a favor de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, Foro y UPN.
Los 'populares' y los 'naranjas' son los únicos que han defendido durante el debate en la Cámara Baja estas enmiendas que fueron introducidas 'in extremis' por el PP después de que se truncara la renovación del CGPJ tras conocerse el pacto para el nombramiento del presidente del órgano, a lo que se sumó el 'whatsapp' del senador Ignacio Cosidó en el que celebraba las ventajas que supondría tener al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena al frente de la institución.
FIN DEL PRESIDENCIALISMO
Aunque estas dos enmiendas no han sido aprobadas, los partidos sí han dado su visto bueno a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con el sistema "presidencialista" establecido durante el mandato del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en 2012 -que da el poder efectivo a la Comisión Permanente del órgano, la única con vocales con dedicación exclusiva-, aprovechando las propuestas planteadas inicialmente para recuperar los permisos y vacaciones de los jueces.
De este modo, con esta reforma normativa se prevén mejoras en materia de conciliación en toda la Administración de Justicia, como los permisos de maternidad y paternidad. Otras de las medidas están relacionadas con los planteamientos del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para fijar las incompatibilidades en las 'puertas giratorias' de jueces que vienen de cargos de libre designación.
También se establece la exigencia de criterios de mérito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, cuya competencia tiene el CGPJ, así como la restitución de derechos eliminados en 2012.
