MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso rechazó esta tarde una proposición no de ley del PP para que no se obligue a los funcionarios de la Administración General del Estado que trabajan en comunidades bilingües a conocer la lengua cooficial correspondiente, una iniciativa que sólo los diputados 'populares' respaldaron.
La portavoz hoy del primer partido de la oposición, Maria Dolors Nadal, explicó que trataban de evitar que esta obligación se produzca a través de las reformas de los estatutos y puso por ejemplo el catalán en lo relativo al Poder Judicial, que acepta como mérito "determinante" el conocimiento de la lengua para lograr un puesto.
"Como eufemismo no es malo, pero eufemismo al fin y al cabo para poner trabas y limitaciones", argumentó la portavoz para explicar que no se respeta la igualdad de condiciones de todos los funcionarios en todo el país. "Con toda serenidad, sin crispación: esto supone una ruptura de los criterios de igualdad y mérito para el acceso al empleo público. Es también el cierre por derribo, por expulsión, de la Administración estatal en Cataluña", aseguró.
Paralelamente, el texto presentado por el PP instaba al Gobierno a facilitar a todos aquellos funcionarios que lo deseen "el aprendizaje de la lengua cooficial cuando ejerzan sus responsabilidades en la comunidad autónoma que la tenga", pero añade que "en ningún caso este aprendizaje podrá suponer una merma o desventaja de ningún tipo para todos aquellos funcionarios que en el ejercicio de su libertad opten" por no aprender esa lengua.
RETROCESO
Los portavoces del resto de los grupos consideraron en general que la iniciativa del PP suponía un retroceso en la protección y fomento de las lenguas autonómicas y criticaron que los 'populares' empleen "cualquier ocasión", en palabras de Jordi Jané (CiU), para rechazar la reforma del Estatut.
La socialista Meritxel Batet expuso que esta era una "proposición contra el Estatuto catalán" y que además contradecía la legislación estatal vigente, porque si los funcionarios públicos deben garantizar el ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos, entre estos se encuentran "también los lingüísticos". Aseguró que el conocimiento de la lengua permite un mejor ejercicio del servicio público y que el criterio expresado por el Tribunal Constitucional es que la cooficialidad afecta a todos los poderes públicos.
Por parte de CiU, Jordi Jané, animó al PP a retirar la proposición antes de que fuera rechaza por regresiva y por "ofender la pluralidad lingüística", mientras que Isaura Navarro (IU) preguntó a los 'populares' qué interpretan por lengua cooficial. "¿Que no se persiga a los que la utilizan?", inquirió.
Joan Tardá (ERC) pidió al PP que se "aleje" del franquismo y acepte la "descastellanización". Anunció una iniciativa de su partido para la próxima semana a favor del uso del resto de lenguas "para que de una vez por todas la Administración española sea realmente plurilingüe".
También los portavoces del PNV y BNG rechazaron la iniciativa por contraria, a su juicio, al desarrollo de las lenguas menores del Estado. El gallego Francisco Rodríguez resumió que "si no es un mérito conocer una lengua, es por una concepción del funcionario como persona que puede imponer desde la prepotencia".
