VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha solicitado al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que desde su Ministerio "haga lo necesario" para conseguir "el fin inmediato" de la huelga que comenzaron el pasado 4 de febrero los funcionarios de Justicia no transferidos a las comunidades autónomas, una protesta que causa "gran preocupación" entre los abogados y "graves perjuicios" a los ciudadanos.
En una carta remitida al ministro -de la que dio cuenta el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Enrique Sanz Fernández-Lomana, durante una asamblea de la entidad colegial-, Carnicer señala que la situación es ya "de extrema gravedad para cientos de miles de ciudadanos demandantes de tutela judicial efectiva que están desplazándose a los juzgados inútilmente".
Pone como ejemplo que "no se expiden mandamientos de devolución, o no se tramitan las autorizaciones de ventas de bienes de menores huérfanos" porque "la Administración que debe reconocer sus derechos permanece silente".
Los abogados también se quejan de que con la actual situación, además de perder ingresos, son destinatarios injustos de las quejas de sus clientes y deben organizarse para poder resolver "un atasco que resulta ya insoportable".
En este sentido, Carnicer insiste en su misiva en que "las suspensiones, aplazamientos y paralización de los procedimientos están causando perjuicios que en muchos casos van a ser irreparables o que tardaran mucho tiempo en repararse".
El presidente de los abogados señala además que la huelga está teniendo demasiadas consecuencias económicas perniciosas que desde su organización esperan que "sean evaluadas adecuadamente, no olvidando, como se suele, la pérdida de expectativas, pues resulta sobradamente conocido que las inversiones huyen de los territorios con Administraciones públicas conflictivas o ineficaces, especialmente cuando ello afecta a la de Justicia".
APOYO A LAS REINVINDICACIONES.
Carnicer señala igualmente en su carta que "la realidad es que las condiciones retributivas del personal no transferido a las Comunidades Autónomas son manifiestamente peores que las de los transferidos, y, por tanto, injustas por discriminatorias sin causa".
Recordó que en la misma situación se encuentran "las prestaciones para sufragar el Turno de Oficio de los letrados que prestan sus servicios en los Colegios de Abogados ubicados en los territorios que todavía gestiona el Ministerio".
Así, se refiere al perjuicio que sufren los ciudadanos "después de haberles hablado de modernización de la Justicia", ya que ahora "los imputados, acusados, querellantes, querellados, demandantes, demandados, víctimas o perjudicados, testigos y peritos, no pueden entender por qué no han sido avisados por teléfono, fax o e-mail de las suspensiones de los actos procesales, obligándoles a desplazarse hasta los Juzgados en el día y hora señalados, sólo para oír que la actuación judicial ha sido suspendida".
