MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros acordó hoy dar continuación al procedimiento de extradición a Argentina iniciado en la Audiencia Nacional contra el subcomisario Jorge Alberto Soza, por delitos de asociación ilícita, detención ilegal, torturas y contra la integridad moral.
Después de que Souza fuera detenido en Valencia, el pasado 24 de julio el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz le envió a prisión. Souza se negó a ser entregado a su país, que le reclama por su presunta participación en 18 casos de detención ilegal, secuestro y torturas, por lo que el magistrado inició los trámites de extradición.
Soza ostentó el cargo de segundo jefe de la Delegación de la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, y habría cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
Las autoridades judiciales argentinas reclamaban su búsqueda y captura por su presunta participación en delitos cometidos entre septiembre de 1975 y principios de 1977. Por ello, se enfrenta a una pena de prisión que oscila entre los 3 y los 15 años.
La Justicia de su país estima que participó en la detención ilegal (secuestro) y tortura de personas acusadas de formar parte de células terroristas que operaban en la región, en al menos 18 ocasiones. En 1992, Jorge Alberto Soza se trasladó a España y se estableció con su familia en la localidad valenciana de Carcaixent, donde adquirieron la nacionalidad española sin renunciar expresamente a su origen argentino, según informó la Policía.
La detención se llevó a cabo por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo de Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Ontinyent (Valencia).
CONTEXTO HISTÓRICO
Tras el golpe militar de marzo de 1976, autodenominado 'Proceso de Reorganización Nacional', se instauró una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Esta junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente por los enfrentamientos entre facciones armadas de izquierda y derecha del movimiento peronista y la acción violenta de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de inclinación marxista).
Durante este periodo, se desarrolló un proceso sistemático de secuestro y tortura de personas --la denominada "guerra sucia"-- con una gran cantidad de desapariciones. Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), se registraron 8.961 casos, mientras que otros organismos de Derechos Humanos elevan la cifra a 30.000.
Por aquel entonces, el ahora detenido ostentaba el cargo de subcomisario de la Policía Federal argentina y desempeñaba la función de segundo jefe de la Delegación Neuquén, con asiento en la ciudad y provincia del mismo nombre. Esta dependencia policial operacionalmente se encontraba bajo la órbita del Batallón de Ingenieros de Montaña del ejército argentino.
