MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy el Proyecto de Ley de Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que la iniciativa legal apuesta por la autonomía y la especialización de los fiscales, lo que según ella redundará en una "mayor eficacia" del Ministerio Público en la persecución de los delitos.
Entre otras medidas, esta iniciativa legal limita a cuatro años el mandato del Fiscal General del Estado. La reforma, que el Gobierno ahora remitirá a las Cortes, ha sido adoptada después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal elaborasen sendos informes sobre ella.
El proyecto de ley, agregó la vicepresidenta primera, aboga por la especialización de los fiscales para luchar contra las nuevas formas de criminalidad organizada y potencia la labor de las fiscalías Anticorrupción y Antidroga, que asumirán nuevas competencias y podrán actuar "de forma más ágil". Además, amplía a un año el plazo en el que Anticorrupción puede realizar diligencias de información, que hasta ahora era de seis meses. Este periodo podrá ser prorrogado por el Fiscal General del Estado en casos de "especial complejidad".
Según Fernández de la Vega, el "objetivo fundamental" de la ley es "hacer más eficaz el mandato constitucional de defender los derechos de los ciudadanos y el interés público" y supone un "hito muy relevante" para "acercar la Justicia a los ciudadanos" y "hacerla más eficaz y más rápida".
MANDATO DEL FISCAL GENERAL
La reforma limita a cuatro años improrrogables el mandato del fiscal general del Estado, quien deberá comparecer ante una Comisión del Congreso de los Diputados antes de ser nombrado. Además, la Fiscalía General del Estado tendrá su propia asignación presupuestaria singularizada. Asimismo, introduce causas tasadas de cese, que puede revisar el Tribunal Supremo, acabando con el "carácter discrecional" que contempla el actual texto legal para cesar al fiscal general.
Además, se establece la intervención de la Junta de Fiscales de Sala para cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno y se acomete una reorganización territorial mediante la creación del Fiscal Superior de la Comunidades Autónomas, que sustituirá a los actuales Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia. También establece la figura del fiscal decano, que se ocupará de los "tipos especiales de crimen", tanto por su "singularidad" como por el tipo de actuaciones a las que dan lugar.
Según destacó la vicepresidenta, la reforma se acometerá cuando se cumplen veinticinco de la aprobación del actual Estatuto y se realiza por considerar que la ley de 1981 necesitaba incorporar una serie de modificaciones para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad.
Por ello, la reforma busca reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal y la mejora de su capacidad funcional, con especial atención a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, persigue actualizar su estructura, conforme a un criterio de especialización y de reordenación de su modelo de implantación geográfica.
