El Consejo Fiscal aborda mañana la discrepancia sobre las diligencias informativas acerca del patrimonio de Matas

Actualizado: lunes, 27 julio 2009 14:32

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Fiscal abordará mañana la polémica suscitada por la decisión de no prorrogar las diligencias informativas iniciadas por los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach sobre la situación patrimonial del ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, que derivó en la decisión del fiscal superior, Bartomeu Barceló, de asumir la investigación.

La decisión se tomó después de que la Fiscalía General del Estado decidiese no prorrogar las diligencias por un periodo de seis meses más, ante lo cual, Carrau y Horrach plantearon una cuestión de discrepancia al departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido.

Corresponde ahora al propio fiscal general, una vez oída la opinión del Consejo Fiscal, decidir finalmente si el fiscal jefe de las islas asume definitivamente la investigación iniciada sobre el ex presidente del Ejecutivo autonómico.

Las diligencias informativas se iniciaron a raíz de una denuncia de un ciudadano sobre los gastos realizados para equipar una vivienda del ex presidente del Govern.

En concreto, la investigación se centró en valorar el dinero que se había destinado a amueblar la vivienda, para indagar también cuáles eran los inmuebles adquiridos por el ex dirigente y cómo los había pagado.

La decisión de no prorrogar otros seis meses la investigación ha generado polémica en la comunidad. La fundación Gadeso impulsó un manifiesto con recogida de firmas para pedir que se continuará con la investigación y al que se adhirieron más de 4.000 personas.

Además, una vez que se conoció la decisión de no prorrogar las diligencias, el diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, impulsó una solicitud en la Diputación Permanente para que se celebrase una Comisión de Justicia que albergara la comparecencia de Conde Pumpido para informar sobre este proceso.

La iniciativa finalmente no fue admitida a trámite por la Cámara Baja al aplicar el criterio de no albergar comparecencias del fiscal general referidas a cuestiones concretas o asuntos 'sub iudice'.