Torres-Dulce espera "una solución" a la reducción de plazas, "que afecta a la operatividad" del ministerio público
BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Fiscal de España, reunido este martes en Bilbao, ha acordado apoyar que Euskadi cuente con un Fiscal Anticorrupción, tal como había solicitado el Parlamento vasco y propuesto el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que el nombramiento de un delegado de la Fiscalía Anticorrupción en la Comunidad Autónoma Vasca se materializará "en términos relativamente inmediatos", aunque ha precisado que dependerá de "las prioridades que existan en otras comunidades autónomas".
Torres-Dulce ha comparecido ante los medios de comunicación en el Palacio de Justicia de la capital vizcaína junto a Juan Calparsoro; el Inspector fiscal, Alfonso Aya; y los portavoces del Consejo Fiscal, Cristina Dexeus y Eduardo Esteban, tras la celebración de la primera reunión ordinaria del Consejo Fiscal en Bilbao.
Ésta no es la primera vez, sin embargo, que este órgano mantiene un encuentro en Bilbao, ya que se reunió en esta ciudad con carácter extraordinario, "en tiempos mucho más conflictivos, mucho más oscuros", con ocasión del asesinato en 2001 del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, como ha recordado el Fiscal General del Estado.
En el orden del día del encuentro de este martes se encontraba, impulsada por Calparsoro, la toma en consideración de la Proposición no de Ley del Parlamento vasco sobre los medios de la Fiscalía del País Vasco para combatir la corrupción.
El portavoz del Consejo Fiscal, Eduardo Esteban, ha sido el encargado de anunciar que el órgano había decidido apoyar la petición del nombramiento de un fiscal anticorrupción en Euskadi. "Desde la carrera fiscal la vemos con buenos ojos", ha apuntado.
Tras el agradecimiento del Fiscal Superior del País Vasco, que cree que, de esta forma, se contribuirá a "la lucha contra este tipo de criminalidad", Eduardo Torres-Dulce ha anunciado que esta misma jornada le trasladaría el acuerdo al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al consejero de Justicia, Josu Erkoreka, con los tenía prevista una reunión.
No obstante, ha indicado que la creación de la plaza del fiscal anticorrupción "está condicionada a las prioridades que existen en otras comunidades autónomas". En este sentido, ha recordado que la Cámara vasca hablaba de la creación de fiscales especializados, que ya existen, y la designación de un delegado de la Fiscalía Anticorrupción, "algo que probablemente haremos en términos relativamente inmediatos".
"Vamos a chequear el asunto, las prioridades y las necesidades de todo tipo con el Gobierno vasco, con el que la colaboración está siendo fluida, franca y muy eficiente con las expectativas que hoy tenemos en terrenos informáticos y de conexiones, a los que habría que dar un impulso", ha señalado.
REDUCCIÓN DE PLAZAS
La reducción de plazas es otra de las cuestiones que ha tratado el Consejo Fiscal y a la que se ha referido también Eduardo Torres-Dulce. "Tengo que lamentar y espero que tenga solución la propuesta de una reducción de plazas que afecta a la operatividad del ministerio fiscal y, en buena parte, a la operatividad de la Fiscalía Anticorrupción", ha apuntado.
En este sentido, ha recordado que el aumento de plazas "venía condicionado, en buena medida, por el plan de crear unidades de investigación que no sólo afectan a delitos económicos, sino a delitos de compleja investigación en aquellas fiscalías que lo requieran".
Ello implica, según ha explicado, "sustraer fiscales que están haciendo otras cosas", para dedicarles a estas cuestiones, por lo que sería necesario ampliar la plantilla "o proveer, al menos, fiscales sustitutos para los huecos que se van dejando en la actividad correspondiente".
Asimismo, ha subrayado que demandan la creación de unidades de Policía Judicial especializada para la investigación, y de técnicos o peritos de naturaleza tributaria o económica. "En principio, he recibido las mejores impresiones de las consejerías de interior de las comunidades autónomas y, sobre todo de Hacienda y de Justicia, y nosotros tenemos la esperanza de que estas unidades de investigación estén ya funcionando a comienzos del año que viene", ha apuntado.
"SITUACIÓN DEFICITARIA"
La portavoz del Consejo Fiscal también ha aludido a "la situación deficitaria" que padecen los miembros de la carrera fiscal en cuanto a recursos humanos, y ha denunciado que se había aprobado un reglamento de ampliación de plantilla en noviembre de 2013 "de una cantidad tan limitada de 27 nuevas plazas, y sorprendentemente, de forma inesperada e injustificada, se reduce esa ampliación de plantilla a solo 18 plazas".
A su juicio, "es alarmante que eso se produzca cuando la situación de paridad entre la carrera fiscal, en cuanto a crecimiento, y la carrera judicial es absolutamente fiscal, y más cuando ha habido un compromiso por parte del Ministerio de Justicia de asumir esas 27 plazas, que se aprobaron", algo que se confirmó en una reunión mantenida en abril de 2014.
"Nuestra primera queja es la relativa a esa situación propiciada por el Ministerio de Justicia o el de Hacienda", ha indicado, para criticar este "tratamiento inmerecido absolutamente".
COOPERACIÓN ENTRE FISCALÍA Y PODER JUDICIAL
Además, en el encuentro, Eduardo Torres-Dulce ha anunciado a los miembros del Consejo Fiscal que se creará un grupo de trabajo conjunto de la Fiscalía General del Estado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elaborar una serie de iniciativas como la formación conjunta de jueces y fiscales o la revisión de los juicios de faltas que suponen "una excesiva dedicación cuando hay otras cosas que deberían reclamar más" la atención de Judicatura y Fiscalía.
Este equipo también analizará la ampliación del régimen de conformidad en los juicios penales y del ámbito de los juicios rápidos, "que han supuesto un gran éxito en los últimos años".
El Fiscal General del Estado ha considerado "una excelente noticia" que el ministerio público y el Poder Judicial sumen "esfuerzos" a la hora de proponer iniciativas para mejorar y agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia, "sin necesidad de esperar a grandes modificaciones de las leyes actuales".
En este sentido, ha apuntado que se puede "examinar con las Consejerías de Interior que tienen competencias en las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior la posibilidad de que no se remitan a juzgados y fiscalías atestados sin autor, que están creando una enorme burocracia sin efectividad".
En su opinión, las peticiones de la ciudadanía para "agilizar, modernizar, hacer más eficaz el tratamiento de los procesos, son una demanda que resulta ya inexcusable". Por ello, ha afirmado que los fiscales y jueces "tienen la obligación de proponer iniciativas a los legisladores", sin que supongan grandes modificaciones procesales, "a veces excesivamente ambiciosas, si no hay consensos", o sin que conlleven "grandes desembolsos presupuestarios que la situación no permite".
"Se pueden hacer ajustes finos que vayan mejorando poco a poco la agilización de los procesos y la percepción por parte de la ciudadanía de que se aproximan más a los objetivos de máximas garantías, pero también de mayor eficiencia en la respuesta, particularmente en el proceso penal, que comprende el 80% de la actividad de la Fiscalía y el 75% de los asuntos que acaban en cualquiera de los juzgados de las distintas jurisdicciones españolas", ha concluido.
