18 de febrero de 2020
29 de enero de 2020

El Consejo Fiscal no discutirá sobre las injerencias del Gobierno en la institución hasta que haya nuevo fiscal general

La Asociación de Fiscales propuso un comunicado conjunto rechazando las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón

El Consejo Fiscal no discutirá sobre las injerencias del Gobierno en la institución hasta que haya nuevo fiscal general
Cartel en la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado. - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Fiscal, máximo órgano consultivo del Ministerio Público, ha decidido aplazar el debate sobre las injerencias políticas hasta que se nombre nuevo fiscal general del Estado. Así lo ha acordado este miércoles el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que ejerce en funciones en sustitución de María José Segarra, en un decreto en el que pospone la discusión hasta que se nombre al nuevo máximo representante de la Fiscalía, para quien el Gobierno ha propuesto a la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Los 22 miembros de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera-- en el Consejo Fiscal remitieron el pasado 22 de enero un escrito a Navajas proponiendo la elaboración de un comunicado conjunto rechazando todas aquellas declaraciones de "altos responsables políticos del Estado" que "arrojan una mancha de parcialidad" sobre el Ministerio Público.

La propuesta surgió unos días después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirmara que la Fiscalía General del Estado "no es el Poder Judicial", una manifestación que fue muy criticada por las tres asociaciones de fiscales --AF, Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)--.

Ha sido este miércoles cuando Navajas, que se encuentra presidiendo el Consejo Fiscal hasta que se nombre fiscal general del Estado, ha dictado un decreto en el que se aplaza este debate hasta la próxima reunión del Pleno. Según afirma la AF en un comunicado, el teniente fiscal del Supremo adopta esta decisión asumiendo la opinión de la UPF y el fiscal inspector.
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DECLARACIONES QUE "HACEN DUDAR A LOS CIUDADANOS"

El escrito conjunto que propone la AF recalca que declaraciones como las que hizo Garzón "arrojan una mancha de parcialidad sobre quienes venimos obligados constitucionalmente a la defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales".

"Hacen surgir dudas en los ciudadanos sobre la regularidad de nuestra actuación" y ensombrecen a una institución del Estado, el Ministerio Fiscal, y con ello al propio Estado", añade.

En ese sentido, insta a los "cargos políticos" a tener "plena conciencia de la significación y configuración constitucional" de las instituciones a las que se refieren antes de hacer manifestaciones con "tan grave y perniciosa trascendencia".

LA FISCALÍA TIENE "AUTONOMÍA FUNCIONAL"

Por todo ello, el escrito remitido al teniente fiscal del alto tribunal recuerda que el artículo 24 de la Constitución señala que el Ministerio Fiscal "se integra en el Poder Judicial", pero tiene "autonomía funcional".

Así, la propuesta insiste en que los fiscales están sometidos a los principios de legalidad e imparcialidad, independientemente de los "deseos" del Gobierno o de la Administración. Es decir, el Ministerio Público está "blindado" frente a cualquier interferencia del Poder Ejecutivo.

Con todo ello, recuerda que el fiscal general del Estado es nombrado por el Gobierno, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno, pero eso no implica que dependa del Ministerio de Justicia o del Gobierno. "La jerarquía del Ministerio Fiscal termina en el fiscal general del Estado", subraya.

Además, apunta que existen "mecanismos que garantizan el cumplimiento" de las funciones constitucionales de los fiscales respecto de la defensa del interés público, de defensa de los derechos y libertades ciudadanas y la independencia judicial.

El Estatuto Orgánico contempla artículos que regula la discrepancia, la cláusula de conciencia, la garantía de sustitución, el establecimiento de un plazo de cinco años para el desempeño de las jefaturas o la imposibilidad de destitución arbitraria del Fiscal General del Estado.

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