MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Fiscal, reunido hoy en un Pleno extraordinario para estudiar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, propondrá al Gobierno ampliar el mandato del fiscal general del Estado a cinco años sin que pueda ser prorrogado, informó esta tarde la Fiscalía General del Estado.
El Consejo Fiscal, que a las 20.00 horas de hoy continuaba reunido y cuyas conclusiones definitivas no se conocerán hasta pasados unos días, cuando sean remitidas al Ministerio de Justicia, acordó por unanimidad proponer al Gobierno que el mandato del fiscal general, en vez de los cuatro años que prevé el proyecto de reforma, se amplíe a cinco para que no coincida su cese con el del Gobierno.
El informe elaborado por la Fiscalía General del Estado, sobre el que trabaja el Consejo Fiscal, con cuyas aportaciones se hará uno definitivo, concluye que el anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 14 de julio, "no refleja con suficiente decisión, o incluso parece en ocasiones contradecir los objetivos de reforzamiento de la autonomía, la consolidación institucional y la funcionalidad del Ministerio Fiscal".
El borrador explica que el anteproyecto, que se encuentra en tramitación parlamentaria, "incorpora valores y objetivos que durante muchos años han constituido aspiraciones unánimes de la Carrera Fiscal, e incorpora reformas que, más allá de su necesidad, son absolutamente imprescindibles para que el sistema de Administración de Justicia, y en particular de Justicia Penal, pueda desarrollarse en España por el camino de la modernidad y la adecuación a las demandas sociales".
NO SUPONE UN CAMBIO RADICAL.
Pero "no supone, en este sentido, un cambio radical de modelo, ni probablemente culmina las metas definitivas de ese proceso de cambio", aunque "establece algunos instrumentos que pueden contribuir decisivamente a facilitar el esfuerzo de alcanzarlas".
"Precisamente es el contraste con ese gran potencial de la reforma lo que hace destacar la sensación negativa de que algunas de sus propuestas innovadoras no terminan de cuajar en el texto articulado", insiste el informe.
En su opinión, los objetivos marcados de reforzamiento de la autonomía fiscal "son incompatibles con la reticencia, latente pero claramente perceptible, a admitir que la autonomía y la imparcialidad del fiscal, su presencia institucional y su peso específico en el sistema jurídico, llevan inexorablemente aparejado, y de hecho exigen como condición 'sine qua non', la consiguiente capacidad de gestión y la puesta a su disposición, segura e incondicional, de los instrumentos administrativos, presupuestarios, orgánicos y funcionales imprescindibles para cumplir con esos objetivos".
Las observaciones del informe borrador "tienen que ver, en mayor o menor medida, con ese aparente poso de desconfianza que, fruto de un largo devenir histórico, no termina de dejar el paso franco a un desarrollo pleno de la idea constitucional, democrática y moderna del Ministerio Fiscal". Según el documento, si el Ministerio acoge sus propuestas, "contribuirían decisivamente a ese objetivo".
Entre dichas propuestas figura que "con independencia de cuál sea el órgano del Estado definitivamente encargado de valorar la concurrencia de las causas de cese (del fiscal general), se exija el dictamen previo de la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal, y se recupere la audiencia preceptiva y no vinculante del Consejo General del Poder Judicial".
