MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tiene previsto estudiar durante la reunión del Consejo de Ministros de hoy, viernes, un informe del titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el anteproyecto de ley reguladora del derecho de asilo y de la protección internacional subsidiaria.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) criticó el pasado miércoles que con las medidas contempladas en el borrador de la nueva ley "la institución del asilo se convertirá en una figura decorativa" en España, entre otras cosas porque en el nuevo texto "desaparece el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el procedimiento de asilo en frontera, se debilita el papel de las organizaciones sociales y se diluye la asistencia letrada".
Criticó asimismo que el borrador "consolida las trabas" administrativas al derecho de asilo, porque introduce el concepto de terceros países seguros, aquellos en los que no se justificaría pedir protección internacional, y "refuerza" el procedimiento de inadmisión a trámite, entre otras modificaciones.
"Como elemento de especial preocupación, desaparece la posibilidad de solicitar asilo en España por vía diplomática lo que, en el actual contexto de crecientes dificultades para siquiera tener acceso al procedimiento, constituye una medida injustificada y de especial gravedad", señaló la organización.
MEMORÍA HISTÓRICA
Además, esta previsto que el Consejo de Ministros también de luz verde a algunas de las normas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica y que se refieren al procedimiento para obtener la declaración de "reparación personal" y las indemnizaciones para las personas perseguidas durante la guerra civil y la dictadura, la nacionalidad española por formar parte de las Brigadas Internacionales y la restitución de documentos en el Archivo General de la Guerra Civil.
El pasado día 3, el Consejo de Ministros acordó solicitar al Consejo de Estado informes sobre cuatro reales decretos que amplían la Ley de Memoria Histórica, que permitirán "la plena aplicación de la ley", una ley "nacida con voluntad de dar y ampliar derechos a ciudadanos que no se sentían amparados" por los poderes públicos y con voluntad de "cerrar y cicatrizar heridas" y "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
