MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tiene previsto aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros de hoy, viernes, el Proyecto de Ley de Control de Precursores de Drogas, que pretende rebajar las multas relacionadas con las sustancias susceptibles de ser precursores para la fabricación de drogas, con objeto de adecuarlas al resto de los países de la Unión Europea.
Las multas relacionadas con la tenencia, fabricación, suministro o producción de esas sustancias, que por sí solas no se consideran narcóticos, eran mucho mayores que las que se imponen en otros países europeos.
En general, las infracciones graves son aquellas que vulneran obligaciones formales o documentales, las muy graves son conductas que implican la intención de incumplir la normativa (falsificación de datos o negativa a las inspecciones) y las leves, los incumplimientos que no estén calificados como graves o muy graves.
En el anteproyecto de la ley que estudió el Consejo de Ministros el pasado mes de junio se recogía la rebaja de las cuantías de las sanciones de multa y se disminuye el tiempo de duración de la sanción de suspensión de la licencia de actividad exigida para realizar operaciones.
En las infracciones graves o muy graves se admite la posibilidad de imponer la sanción de multa o la de suspensión de la licencia de actividad, sin perjuicio de poder imponer también ambas a la vez, hasta ahora se imponían las dos sanciones.
Así, por ejemplo, el importe de las sanciones leves pasa a ser de 300 hasta 600 euros (actualmente es de hasta 6.000 euros), las asignadas a las sanciones graves pasa a ser de 601 a 6.000 euros (actualmente es de 6.001 a 90.000 euros) y el tiempo de suspensión de la licencia de actividad es de hasta seis meses (actualmente de hasta cinco años).
En el caso de las infracciones muy graves, las multas pasan de ser de 6.001 a 30.000 euros (actualmente es de 90.001 a 600.000 euros), y el tiempo de suspensión de la licencia de actividad es de hasta cinco años o retirada de la misma (actualmente de cinco a diez años de suspensión).
Asimismo, el Gobierno tiene previsto abordar un informe sobre el cumplimiento de compromisos internacional en materia de protección familiar.
