El conselleiro maior de Contas no descarta sanciones para el gobierno de Fraga por las irregularidades detectadas

Actualizado: miércoles, 15 agosto 2007 19:38

Está "satisfecho" por que no se haya "matado el mensajero" y el informe de 2004 se asuma como un trabajo "serio y riguroso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López, aseguró hoy que los informes de este órgano "ponen de manifiesto" la existencia de "distintos niveles de incumplimiento" que pueden ir "de simples irregularidades a otros que podrían derivar en responsabilidades" para el gobierno autonómico anterior, presidido por el 'popular' Manuel Fraga por actuaciones en la Cidade da Cultura.

López, en una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, destacó, no obstante que esa decisión no corresponde al Consello de Contas (el equivalente gallego del Tribunal de Cuentas).

Al referirse a la denuncia presentada por la CIG ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, puntualizó que no se puede hacer "una igualación absoluta entre irregularidades, que quedan en una sanción de legalidad, y actuación delictiva".

El nuevo conselleiro maior apuntó "cierta satisfacción" al ver que, pese a "todo lo que está dando que hablar" el informe de 2004, no se "mata al mensajero" ni "se va contra el Consello", al contrario, "se asume como un trabajo serio y riguroso".

López, que tomará posesión del cargo a la vuelta de vacaciones, consideró "un tanto especial" la renovación de parte del Consello de Contas porque llega "después del cambio electoral y de una nueva mayoría".

Pese a que "siente" que la institución está "asentada y bien valorada", admitió "ganas de mejorar algunas cosas", entre ellas, hacer "un esfuerzo" para que los informes "lleguen antes", algo que, según aseguró, "no es fácil, dados los plazos de las instituciones para rendir cuentas y los del Consello para estudiarlas". Además, apostó por la incorporación de las nuevas tecnologías y un cambios en las áreas de responsabilidad.

ESFUERZO GRANDE

Según manifestó, los plazos de los que disponen las instituciones para rendir cuentas oscilan entre los 7 y los 10 meses, y después el Consello de Contas tiene que "hacer su labor: borradores, análisis definitivos y publicación", por eso "pueden pasar dos años pasan dos años desde que finaliza ejercicio hasta el informe" y "si coincide con un cambio de legislatura, llegará cuando los responsables ya no estén en el gobierno".

Por eso, el Consello de Contas hará un "esfuerzo grande" para explicar "por qué pasa así" y evitar que se piense que ese retraso busca "dejar pasar y que se hagan los cambios". "Estoy seguro de que se pueden acortar los plazos", pero los informes "no podrán ser inmediatos" a un ejercicio. Así, recalcó que "nunca aparecerá en los primeros meses del siguiente".

Recordó que el Consello de Contas "no es el único control del gasto público", sino que puntualizó que esa fiscalización a posteriori complementa el control que, "día a día" se lleva desde los servicios de intervención, por eso quiso "transmitir la sensación de que sí hay un alto nivel en el control de los fondos públicos".

Para los próximos años, uno de los principales objetivos será conseguir un nivel "mucho más alto" del cumplimiento de rendición de cuentas, "especialmente en el ámbito local". Ahora mismo, según dijo, 88 ayuntamientos y otras entidades supramunicipales no rinden sus cuentas al Consello de Contas, aunque, "en su descargo" aseguró que "no todos son casos de rebeldía e incumplimiento puro y duro".

INCUMPLIMIENTOS

Aunque "seguramente hay incumplimientos deliberados", según dijo, en otros, "sobre todo, en los municipios pequeños, existe una dificultad por no disponer de medios personales y técnicos que les permitan hacer frente a este deber", por eso, López aboga por "buscar fórmulas para colaborar" con ellos.

El conselleiro maior se mostró partidario de que la "administración instrumental" se utilice "para mejorar la prestación de servicios y actuar con más eficacia" y "nunca" para "escapar de la disciplina presupuestaria o de contratación". Con todo, recordó que la ley da un "grado de autonomía importante" para que cada administración decida si actúa "directamente o a través de entes instrumentales".