VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Mujeres de Valladolid solicitó a la Delegación de Gobierno y a la Junta de Castilla y León que garanticen tanto el derecho a la "procreación consciente y responsable" como a la interrupción voluntaria del embarazo "con independencia de la edad, estado civil y nacionalidad".
En un comunicado recogido por Europa Press, la Coordinadora pidió además a las autoridades competentes que garanticen "de forma contundente" el derecho reconocido ya en la Ley Orgánica de 1985 con el fin de que la práctica de la contracepción "esté realmente al alcance de las personas que lo necesiten y que este servicio sea prestado de forma normalizada en la Red Sanitaria Pública".
Asimismo, el colectivo reclamó a las administraciones regional y nacional que adopten las medidas de protección "necesarias" para "terminar con las amenazas y agresiones tanto físicas como verbales que sufren los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo por parte de grupos fundamentalistas".
En este sentido, la Coordinadora de Mujeres de Valladolid expresó su "solidaridad y apoyo" con el paro y protesta que llevan a cabo profesionales de sanidad "ante el clima de criminalización que ciertos sectores fundamentalistas de la sociedad están creando alrededor de personas que llevan a la práctica una Ley aprobada democráticamente y en vigor desde hace 17 años".
A su juicio, la actual legislación presenta "insuficiencias" a la hora de garantizar la protección jurídica y médica de las mujeres y profesionales sanitarios que aplican la ley, lo que se traduce en el hecho de que aún después de 17 años sectores conservadores consideren "delito" la interrupción del embarazo en los supuestos contemplados en la normativa.
"Todo esto, junto con la inseguridad jurídica que crea, hace que los profesionales sanitarios que deben prestar esta asistencia a las mujeres se inhiban y objeten en las clínicas y hospitales fundamentalmente públicos, y las mujeres ven cómo no son atendidas en la Seguridad Social y no existe voluntad política de proteger esos derechos", resaltaron fuentes del colectivo antes de recordar que el 97 por ciento de las interrupciones de embarazos se hacen en clínicas privadas.
En su opinión, existen otras cuestiones que agravan la situación "ya de por sí complicada" como la "insuficiencia" en los programas de prevención y planificación familiar --un 63 por ciento de las jóvenes menores de 24 años que abortan no había ido a ningún centro de planificación familiar--; la ausencia de una "correcta" educación sexual entre la juventud y la falta de información y financiación de los métodos anticonceptivos.
