Coronavirus- Dos de las tres asociaciones de fiscales ven "razonables" y "coherentes" las medidas adoptadas por Fiscalía

Publicado: miércoles, 11 marzo 2020 19:18

APIF tilda de "absurdo" que la decisión de suspender juicios quede "en manos" de los jueces

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de las tres asociaciones de fiscales han aplaudido este miércoles las medidas que ha adoptado la Fiscalía General del Estado para hacer frente a la epidemia del coronavirus, al considerar que son "razonables" y "coherentes" a las circunstancias que se están viviendo en estos momentos.

Así lo han manifestado la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria en la carrera fiscal-- y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que han aprobado que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya firmado esta mañana un decreto que impulsa el teletrabajo, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad con el objetivo de evitar la concurrencia de la totalidad de la plantilla a las sedes de la Fiscalía. De este modo, se garantiza la presencia efectiva del Ministerio Fiscal en la prestación del servicio de guardia, en asistencia a las vistas, comparecencias y juicios ya señalados.

La presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha destacado en declaraciones a Europa Press que estas medidas --susceptibles de actualización en función de la evolución de la situación--
son "razonables más allá de la ambigüedad en algunos puntos". Asimismo, ha celebrado que la fiscal general haya recogido "peticiones concretas" que esta asociación le trasladó este martes mediante una carta.

Entre ellas se encuentra evitar en la medida de lo posible los desplazamientos, así como suspender temporalmente "las visitas e inspecciones de los fiscales a residencias de mayores, de personas con discapacidad, a centros penitenciarios, de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, u otras visitas de similar naturaleza en la medida en que no resulte absolutamente imprescindible".

Tanto los fiscales "podrían suponer para esa población un foco de transmisión como al contrario", ha explicado Dexeus, al mismo tiempo que ha lamentado que haya una "cierta de falta de conexión" entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

"UN SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD"

Misma opinión sobre las medidas de la Fiscalía tiene la UPF que considera que son "absolutamente coherentes con las circunstancias de este momento". La presidenta de esta asociación, Teresa Peramato, ha subrayado que hay que recordar que los fiscales son los encargados de "salvaguardar los derechos de los ciudadanos" y por ello hay que evitar "crear más alarma social" y garantizar que el "servicio de primera necesidad" funcione con la mayor normalidad posible.

En este sentido, ha señalado que tanto la Fiscalía como el CGPJ están siguiendo las indicaciones de las "autoridades sanitarias competentes", por lo que cree que no se entendería que la Administración de Justicia quedara "paralizada" si no hay una recomendación por parte de éstas que digan que así debe de hacerse.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha acordado este miércoles, en una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente, arbitrar medidas que permitan no suspender con carácter general todos juicios y declaraciones ya señaladas.

Así, será cada juez quien determine si debe cerrar su juzgado o suspender sus señalamientos, vistas o juicios por razones sanitarias. La decisión se ejecutará de forma inmediata pero obteniendo siempre la previa autorización del presidente del tribunal correspondiente, y la posterior ratificación de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

Este instrucción ha sido criticada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ve "absurdo que se deje en manos" de cada juzgado si debe continuar la actividad o no. "Son más de 5.000, cada uno con su criterio, y no son médicos", ha apuntado el presidente de esta asociación, Juan Antonio Frago.

Para esta asociación, el mecanismo de suspensión no será eficaz pues el hecho que la decisión de cada juez tenga que ser aprobada por la sala de gobierno de cada tribunal y luego por el órgano de gobierno de los jueces provocará que "en muchos casos no va a dar tiempo material para tramitarse".

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