MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El abogado del padre del piloto del helicóptero Cougar que falleció junto a otros 16 militares españoles el 16 de agosto de 2005 en Afganistán ha presentado un recurso de apelación contra el archivo de la investigación decretado por el Juzgado Togado Militar Territorial número once de Madrid por considerar que su cliente ha sufrido "indefensión" y ha tenido que afrontar "numerosos obstáculos" para ejercer su derecho a la defensa.
"La decisión de archivar las actuaciones resulta injustificada y precipitada y es fácil comprender que no satisface los derechos de los familiares a saber la verdad y a la obtención, en definitiva, de tutela judicial efectiva", asegura el texto presentado por el letrado Mariano Casado, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
El abogado argumenta el recurso contra el cierre de la investigación de la justicia militar en que su defendido no ha tenido acceso directo a la copia íntegra de las actuaciones judiciales en diferentes fases del proceso y en que la resolución judicial no ha sido "motivada" ni "razonada", por lo que considera que "se ha consumado la vulneración del derecho fundamental de defensa".
El escrito asegura que recibió copia de las actuaciones judiciales en papel y no en soporte informático "el mismo día" en que se les dio traslado del auto de archivo del proceso judicial, el pasado 24 de junio, justo una semana después de la fecha en que el juez togado castrense firmó el cierre de la causa.
El recurso relata las diferentes peticiones y solicitudes presentadas por el letrado del padre del capitán Guitard para poder tener acceso directo a los documentos del juzgado, solicitudes no satisfechas en su totalidad o parcialidad en varias ocasiones por falta de medios en el Juzgado Togado --en uno de los escritos adjuntos el propio tribunal reconoce carecer de papel y pide al letrado que traiga los folios para imprimir en ellos la copia de las actuaciones-- y cita varias providencias en las que se ordenaba al juzgado castrense que facilitar copia de las actuaciones.
Argumenta además que varias de las peticiones de preguntas en testimonios han sido rechazadas por el Juzgado Togado Militar cuando, en su opinión, son necesarias para "esclarecer la verdad" sobre lo sucedido en Shindand el 16 de agosto de 2005. Cita en este apartado la negativa a que un perito que accedió a todos los informes sobre la caída del helicópero respondiera si puede descartar "plenamente" que "el comportamiento" de esa aeronave no se debió a una amenaza de ataque.
El recurso sostiene que la lectura de los más de diez tomos que conforman la causa permite cuestionar el modo en que se realizó la investigación, tanto en fase judicial como en fase de atestados, así como los informes técnicos elaborados entonces y algunos hechos recientemente conocidos como la detención de varios afganos tras la caída de la aeronave. Cita en este punto el testimonio de uno de los tripulantes del segundo helicóptero, el soldado Vieitez Echevarri, por estimar que denuncia la existencia de "un grupo con apariencia hostil" y "desmonta la versión de la inteligencia", "empeñada" en que lo que divisó fue un grupo de niños y no de adultos.
