Entrega escrito en la Delegación del Gobierno con fotos de 30 ayuntamientos con pancartas que piden "libertad presos políticos"
MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos ha presentado hoy una denuncia ante la Delegación del Gobierno en Cataluña contra los lazos amarillos y las pancartas colgadas en ayuntamientos, diputaciones y Consejos Comarcales en las que se pide la libertad de los presos independentistas aludiendo a "presos políticos". Lo hacen en base a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra las pancartas que colgaban en los consistorios de Euskadi en las que se reclamaba el regreso de los presos de ETA.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, consta de 21 fólios más un anexo de fotografías, así como el recopilatorio de una docena de sentencias del TSJ vasco y del TSJ de Navarra. En el texto de denuncia se pide a Enric Millo que emprenda acciones legales contra 28 ayuntamientos, la Diputación de Barcelona y el Consejo Comarcal de Bagés por exhibir en las fachadas de los edificios oficiales los citados lazos amarillos y carteles en favor de los presos independentistas.
El partido naranja comienza su denuncia, firmada por el diputado Joan García González, recordando las resoluciones judiciales que dictaron la prisión de Jordi Sánchez, Jordi Ciuxart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Así como el auto de procesamiento de los mismos emitido por el Tribunal Supremo, explicando también que se encuentran huidos de la Justicia Carles Puigdemont, Antonio Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
Señala que desde el pasado 16 de octubre de 2017 empezaron a colocarse en las fachadas de los principales edificios consistoriales de Cataluña pancartas y símbolos "partidistas" en las que aparece el siguiente mensaje: "Libertad presos políticos", junto con símbolos en forma de "lazos amarillos".
En la denuncia, Ciudadanos incluye una lista, con las correspondientes fotografías de los siguientes ayuntamientos: Granollers, La Garriga, Manlleu, Vic, Parets, Vilanova del Vallés, Santa Eulalia de Ronçana, Masquefa, Igualada, Alella, Pobla de Clarmunt, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallés, Terrassa, Montcada i Reixac, Cambrils, Figueres, Girona, Castell-Platja d'Aro y S'Agaró, Blanes, Sant Guim de Freixenet, Llavaneres, Sant Vicenç Montalt, Premiá de Dalt, Vilassar de Mar, Sant Vicenç dels Horts, Sant Just Desvern y Sitges.
INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD Y OBJETIVIDAD
Junto a ellos, denuncian a la Diputación de Barcelona y al Consejo Comarcal del Bages. El partido de Albert Rivera denuncia que la colocación de dicho mensaje, símbolo o iluminación en la fachada principal del ayuntamiento constituye una "infracción de los principios de objetividad y neutralidad política que debe regir la actuación de las administraciones públicas", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución española y el artículo 6.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
En este sentido, explican que la colocación en el edificio consistorial de pancartas o símbolos partidistas supone posicionarse políticamente a favor de un determinado colectivo de presos, así como la "quiebra" del carácter objetivo que ha de presidir la actuación de las entidades locales. De esta forma, añaden, los ayuntamientos se convierten en instituciones "al servicio de los postulados" independentistas de determinados grupos políticos.
DISTORSIONAN LA REALIDAD A TRAVÉS DEL ALTAVOZ DE LA CASA CONSISTORIAL
En el texto, el partido naranja expone también que el simple hecho de calificar de "presos políticos" a estas personas "denota un posicionamiento ideológico claro" que insiste en la idea de que han sido encarcelado de manera preventiva, no por hechos presuntamente delictivos, sino por "sus ideas". Con ello, añaden, "se busca distorsionar la realidad para convertir a dirigentes políticos presos en 'presos políticos'" y utilizando como "altavoces" la fachada de la Casa Consistorial.
La denuncia advierte de que la sola permanencia de estas pancartas o símbolos partidistas "presupone la asunción y responsabilidad del Consistorio". Y recuerda la "abundante" jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde los tribunales de este territorio se han pronunciado en reiteradas ocasiones contra la instalación, en edificios municipales, de pancartas, carteles y símbolos en los que se reclamaba el retorno de los presos de ETA a Euskadi.
Para sostener estas afirmaciones, Ciudadanos destaca una docena de sentencias del TSJ del País Vasco y una del TSJ de Navarra, en las que declaran la nulidad de la colocación de este tipo de pancartas y condenan al Ayuntamiento a la retirada del cartel.
En esas sentencias se deja claro que los Consistorios denunciados infringían los principios de neutralidad política y de objetividad. Recogen en concreto, los argumentos de una sentencia de la Sección Primera del TSJ vasco de 2014 en la que se precisa que "la presencia de la pancarta reivindicativa del retorno de los presos al País Vasco comporta una opción de adhesión o apoyo de una determinada causa que no puede ser tenida por general, ya que compromete la propia neutralidad política de la entidad local y, por lo tanto, su objetividad al servicio del interés de los vecinos".
Añade esa sentencia que lo hace, "máxime cuando no hay acuerdo municipal, con lo que se infiere la voluntad municipal por la vía de los hechos consumados, impidiéndose otro tipo de control como el que existe respecto de los pronunciamientos municipales".
También expone que la objetividad y el sometimiento a la ley significa que "son entes independientes y no instrumentales ni patrimonializables por organización social, ideológica o política alguna".
UNA DOCENA DE SENTENCIAS DEL TSJ VASCO Y NAVARRO
La denuncia acompaña esta sentencia de otras emitidas contra el Ayuntamiento de Urretxu, de Leitza, Otxandio, Eskoriatza, Asparrena, Aduna, Aretxabaleta, Aramaio y Oñati.
También consideran ilustrativa otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de San Sebastián, de 2014 en la que se dice que "el ayuntamiento no puede actuar como portavoz, instrumento o cauce de expresión de las reivindicaciones, por legítimas que sean, de individuos, colectividades o grupos singularizados por una determinada ideología u opción política, pues en ese contexto se produce en menoscabo del interés general, la confusión de ese ideario, creencia o religión con los cometidos y fines del ente local".
Otra sentencia del TSJ del País Vasco de 2015 que condena al ayuntamiento de Rentería, deja claro que "en el derecho de expresión" no pueden ampararse "proclamas, manifiestos o lemas acuñados, difundidos y sostenidos por determinados grupos, que aún sin constituir ningún ilícito administrativo o penal por su texto o significación no pueden ser exhibidos por la entidad local sin convertir a esta en un instrumento de transmisión o resonancia de los idearios" de un grupo concreto.
El TSJ de Navarra, en sentencia de 2017, deja claro que el edificio sede del ayuntamiento "tiene la condición de bien de dominio público" y su utilización se ha de vincular con el cumplimiento de sus competencias, cosa que no ocurre con la "colocación de los carteles en su fachada principal".
