21 de enero de 2020
15 de diciembre de 2019

Los 'deberes' del nuevo Congreso; dos reformas constitucionales, cinco estatutos y la renovación del CGPJ, TC y RTVE

Siguen pendientes las reformas estatutarias de Murcia, Cantabria y Baleares para eliminar el aforamiento de sus parlamentarios

Los 'deberes' del nuevo Congreso; dos reformas constitucionales, cinco estatutos y la renovación del CGPJ, TC y RTVE
Vista general del hemiciclo del Congreso - EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso surgido de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre y que se constituyó el pasado día 3 tiene varias iniciativas parlamentarias pendientes de anteriores legislaturas, entre ellas dos reformas constitucionales procedentes de distintos parlamentos regionales, cinco reformas de estatutos autonómicos y las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional (TC), del Defensor del Pueblo, de Radio Televisión Española (RTVE) y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Con la disolución de las Cortes Generales, de todas las propuestas en tramitación sólo sobreviven las procedentes de las comunidades autónomas, las iniciativas legislativas populares (ILP) y aquellas solicitudes o planteamientos que los ciudadanos remiten a la Comisión de Peticiones.

Así, la nueva Cámara Baja tiene 'en cartera' la tramitación de diez textos remitidos por las autonomías: cuatro de Islas Baleares, dos de Galicia, otras dos de Cataluña, una del País Vasco y otra de Asturias.

UNA LEY DE MEMORIA CATALANA

Entre otras, las procedentes de Cataluña persiguen, por un lado, que se reconozcan y amplíen derechos y se establezcan medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y, por otro, que se despenalice la eutanasia.

De su lado, el Parlamento de Asturias envío al Congreso una proposición de ley para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública; el del País Vasco, otra para crear un fondo para compensar a las víctimas del amianto; y el de Galicia, una más sobre la transferencia a Galicia de la autopista AP-9.

De Asturias e Islas Baleares son las dos propuestas de reforma de la Constitución que están en lista de espera para la recién estrenada legislatura. La de Asturias persigue ampliar la participación ciudadana en las leyes de consultas, tanto a través de la iniciativa legislativa popular como del referéndum. Data de 2014, por lo que está 'en la nevera' desde la X Legislatura, la de la mayoría absoluta del PP.

Por su parte, el texto de Baleares busca que Formentera pueda elegir un senador propio con independencia de lo que elija la isla de Ibiza, una propuesta que procede de la XII Legislatura, es decir, la que se extendió desde julio 2016 hasta febrero de 2019.

Entre las tareas pendientes de la nueva Cámara figuran también las reformas de los Estatutos de Autonomía de Murcia, Cantabria y Baleares para eliminar el aforamiento de sus parlamentarios. En la pasada legislatura, que apenas duró cinco meses, la murciana se tomó en consideración por segunda vez en uno de los dos únicos Plenos que se celebraron. Sin embargo, tendrá que volver a la casilla de salida.

NUEVOS ESTATUTOS EN LA RIOJA Y MURCIA

La Rioja también cuenta con una reforma estatutaria en su haber, aprobada el pasado mes de abril por el Parlamento regional. El texto recoge el derecho a la igualdad y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, a la muerte digna, a la memoria democrática y a las energías renovables, entre otras cuestiones.

Y a finales de julio, llegó a la Cámara Baja el nuevo Estatuto de Autonomía de Murcia que la Asamblea regional también aprobó justo antes de su disolución con motivo de las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.

El nuevo Congreso también debe tramitar siete iniciativas impulsadas por la sociedad civil, entre las que se encuentran la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios o la eliminación del 30% del copago farmacéutico para los pensionistas.

Además, la relación de tareas incluye las Memoria del CGPJ del año 2017 y las de la Fiscalía General del Estado relativas a 2017 y 2018, dos informes anuales del Consejo de Seguridad Nuclear de 2017 y 2018, las memorias de 2016 y 2017 de la Corporación de RTVE y el informe anual del Ente del 2017, el informe anual del Defensor del Pueblo de 2018 y otros cuatro informes más de este órgano.

Deben tratarse, además, la Memoria Anual de Actuaciones del Tribunal de Cuentas en el año 2018 cuatro, la cuenta general del Estado del ejercicio 2017 y el Programa de Fiscalizaciones del órgano fiscalizador para el año 2019. También estén pendientes cerca de una treintena de informes fiscalizadores de diversos entes u organismos.

La lista la completan cuatro convenios entre comunidades autónomas, una decena de propuestas de la Unión Europea que el Congreso debe debatir y todas las solicitudes o reivindicaciones que los ciudadanos envían a la Comisión de Peticiones.

CINCO RENOVACIONES

Además, está pendiente la renovación del CGPJ, cuyo mandato, de cinco años, caducó hace uno. El PP, el PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Sin embargo, éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

También está 'en cartera' la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, cuyo mandato concluyó en noviembre. El pasado agosto, el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó al Congreso que debía iniciar este procedimiento.

Otro de los asuntos que debe activarse en esta XIV Legislatura es el concurso público para renovar a los diez miembros del Consejo de Administración de RTVE. Este proceso, que comenzó en agosto de 2018, se congeló antes de que la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja eligiera a los nuevos diez miembros del organismo.

También está en la lista de 'pendientes' la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso después del fallecimiento, en junio de 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi, y del Defensor del Pueblo, cuyo máximo responsable, Francisco Fernández Marugán, está interino desde julio de 2017.