MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una decena de plataformas y organizaciones han remitido una carta al Ministerio de Justicia solicitando poder participar en la elaboración de una ley para la protección de los alertadores y denunciantes de la corrupción.
Esta petición se hace a raíz de que el departamento que dirige Juan Carlos Campo ordenase el pasado 2 de junio la constitución de un grupo de trabajo de la Comisión General de la Codificación para la transposición de la directiva europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión.
El escrito firmado por 12 organizaciones, entre ellas la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Transparencia Internacional-España, Plataforma por la Honestidad o Blueprint for Free Speech, subraya que es "urgente" la necesidad de legislar sobre esta materia, pero consideran que "es de extrema importancia" escuchar y valorar "la experiencia y saber de las víctimas y la sociedad civil organizada a la hora de desarrollar el trabajo del grupo".
PROCESO LEGISLATIVO "ABIERTO Y PARTICIPATIVO"
Por ello solicitan que el proceso legislativo sea "abierto y participativo". Así, proponen crear un canal a través del cual se puedan presentar formalmente opiniones expertas y proposiciones a considerar por el grupo durante el trabajo que se realizará hasta diciembre de 2020.
En este sentido, piden seguir el ejemplo de Irlanda, mediante la apertura de un proceso de consulta pública, o bien las iniciativas de participación surgidas en la presente legislatura, como la creación un portal de participación ciudadana para la presentación de propuestas a la Comisión para la reconstrucción social y económica.
Con todo ello, los firmantes de la carta enviada a Justicia recalcan el "extremo valor" que tiene proteger los denunciantes de corrupción al entender que es "esencial en la defensa de los derechos más fundamentales de la ciudadanía, así como para prevenir y luchar contra la corrupción, defender el medioambiente, y respetar los Derechos Humanos".
Por último, las organizaciones destacan que la integración de esta directiva europea en la legislación nacional supondrá poner a España "a la vanguardia de la Unión", ya que hasta el momento "sólo ocho Estados miembros han iniciado la discusión al respecto".
