25 de mayo de 2020
18 de diciembre de 2008

La defensa de los imputados por el incendio de la residencia de Massamagrell (Valencia) rechaza llegar a un acuerdo

VALENCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La defensa de los cinco imputados por el incendio registrado el 28 de marzo en la residencia de la tercera edad 'San Lorenzo de Brindis', situada en Massamagrell (Valencia), en el que fallecieron cinco residentes, discapacitados psíquicos, rechazó hoy llegar a un acuerdo con la acusación particular y Fiscalía en una vista previa celebrada hoy en la sala de lo penal número 12 de la ciudad, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El ministerio fiscal pide en su escrito de calificación provisional un total de siete años y seis meses de prisión para cada imputado por cinco delitos de homicidio imprudente, y una indemnización solidaria y conjunta de 120.000 euros a los herederos de tres fallecidos, puesto que los familiares de otros dos no reclamaron. Sin embargo, en la vista previa no se llegó a un acuerdo con la defensa, por lo que, si no hay una conformidad antes, el siguiente paso será poner fecha de juicio, indicaron las mismas fuentes.

La jueza de primera instancia e instrucción número 3 de Massamagrell imputó a un total de cinco personas por el incendio de la residencia, que son el director, el gerente, el médico, una enfermera y el hijo del propietario.

El fuego se originó sobre las 19.40 horas del 28 de marzo del pasado año en la enfermería de la residencia, donde se encontraban las cinco personas fallecidas, que estaban impedidas para moverse. Las víctimas, todos ellos enfermos mentales, fueron una mujer de 50 años y cuatro hombres de 80, 65, 50 y 30. El mayor de ellos era el padre del dueño del establecimiento.

Un cortocircuito por un cable, que hizo prender uno de los colchones de la enfermería, fue el origen del incendio que calcinó la estancia, de medianas dimensiones, y en la que se registró el denominado efecto de 'comportamiento estanco', que impidió que el fuego se propagara a otras dependencias.

En el momento de los hechos, el centro, que empezó a funcionar en 1992, albergaba a 120 residentes, 70 de los cuales tuvieron que se trasladados en esa jornada a otros lugares, para volver al día siguiente, mientras que los 50 usuarios restantes pasaron la noche en las dependencias no afectadas. De la cifra total, unos 70 usuarios eran discapacitados psíquicos.

La residencia carecía el día del incendio de la autorización administrativa para albergar enfermos mentales --que estaba en tramitación-- aunque sí disponía de la requerida para gestionar el bono residencia, según declaró en ese momento la consellera de Bienestar Social, Alicia De Miguel, quien explicó que la normativa respecto a la seguridad en uno y otro caso es "idéntica". La autorización provisional se concedió al día siguiente y alrededor de un mes después la definitiva.