Defensa indemniza con 2,8 millones de euros a los afectados por el accidente de un caza en Baeza en septiembre de 2005

Actualizado: viernes, 14 septiembre 2007 20:03

El avión se estrelló en una zona urbana causando la muerte del piloto y de una mujer y su hija

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa destinará 2,87 millones de euros a indemnizar a los afectados por el accidente de un caza de instrucción C101, que se estrelló en Baeza (Jaén) causando la muerte del piloto y de una mujer y su hija, tras resolverse todos los expedientes tramitados para reparar los daños del siniestro.

Según informó en un comunicado el Departamento que dirige José Antonio Alonsoi, el principal afectado, Luis Vega Jodar, que perdió a su esposa y a su hija de nueve meses, percibirá una indemnización de 742.963,19 euros, según la resolución de su expediente, que ha contado con el visto bueno del Consejo de Ministros.

El accidente tuvo lugar el 2 de septiembre de 2005 cuando una aeronave del Ejército del Aire, un reactor de instrucción C101 que realizaba una misión de entrenamiento, se estrelló contra un inmueble en el casco urbano de la localidad de Baeza.

Como consecuencia del siniestro fallecieron la esposa y la hija de Luis Vega Jodar, y el capitán que pilotaba la aeronave. Asimismo, se produjeron daños materiales en edificios y vehículos que se encontraban en los alrededores del lugar del accidente.

Con el propósito de evitar en el futuro hechos semejantes, a raíz de este accidente se promovió la modificación del vigente Código Penal Militar y del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. La Ley Orgánica 7/2007, de 7 de julio, recientemente aprobada tras la correspondiente tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley remitido en su día por el Gobierno, ha introducido así en el ordenamiento sancionador castrense un nuevo tipo penal y disciplinario para castigar la realización de vuelos sin observar las medidas de seguridad adecuadas.

Independientemente de esta medida, para la reparación de los daños causados con motivo del accidente, se inició de oficio con carácter inmediato, según acuerdo del Ministro de Defensa de 8 de septiembre de 2005, un Expediente de Responsabilidad Patrimonial tramitado por la Oficina Central de Instrucción del Ministerio. Posteriormente, con el fin de agilizar la tramitación y resolución de las numerosas reclamaciones presentadas, se dispuso el desglose del mismo en un total de 22 expedientes.

Durante 2006, se fueron resolviéndose los expedientes que presentaban menos complejidad en su tramitación, por razón del procedimiento legal establecido para los supuestos en los que el importe de lo reclamado sea inferior a 6.000 euros. Después, dentro de ese mismo año y principios de 2007, se resolvieron aquellos que, por razón de su cuantía, exigieron incorporar el dictamen preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

En el caso de Luis Vega Jodar, principal afectado entre los reclamantes, se hizo necesario incorporar a las actuaciones la certificación de defunción, cuya inscripción en el Registro Civil no se produjo hasta agosto de 2006, pues hubo dificultades para identificar los restos mortales de su esposa y su hija.

Durante la instrucción de este expediente y de otros dos de familiares de Luis Vega Jodar que residían en el mismo edificio siniestrado (un hermano y sus padres), el Ministerio de Defensa procedió a abonar a cada unidad familiar un anticipo de 30.000 euros a cuenta de la indemnización final.