La defensa de Jaime Botín recurrirá la condena y defiende que la sentencia genera "inseguridad jurídica"

El banquero Jaime Botín (centro) acude al Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, donde comienza el juicio contra él, que está acusado de un delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España un cuadro de Picasso.
El banquero Jaime Botín (centro) acude al Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, donde comienza el juicio contra él, que está acusado de un delito de contrabando de bienes culturales por haber intentado sacar de España un cuadro de Picasso. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo
Publicado: jueves, 16 enero 2020 22:25

Argumenta que se ha incurrido en "extralimitación de competencia" al pronunciarse sobre cuestiones relativas al Derecho Administrativo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La defensa del expresidente de Bankinter Jaime Botín ha anunciado este jueves que interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid tras la condena a 18 meses de cárcel y multa de 52,4 millones de euros por un delito de contrabando de bienes culturales al querer sacar en barco "siendo plenamente consciente" un cuadro de Picasso para venderlo en Reino Unido.

Según la defensa del exbanquero, la sentencia incurre en "graves defectos y errores" al no dar "respuesta a ninguno de los argumentos principales expuestos por la defensa en el juicio oral". En este sentido, los abogados aseguran que se ha incurrido en "extralimitación de competencia" al pronunciarse sobre cuestiones relativas al Derecho Administrativo.

En este sentido, cita la validez de la orden de inexportabilidad
y de la medida cautelar de prohibición administrativa de exportación, cuestiones que están pendientes de un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

"La jueza penal, dicho sea con todo el respeto, ha entrado en un terreno que es de la competencia exclusiva de dicha Sala Tercera del Tribunal Supremo, como este mismo dice en su auto de 24 de enero de 2017, donde suspende la resolución del recurso contencioso-administrativo por prejudicialidad penal", ha explicado el despacho Ramón y Cajal Abogados en un comunicado.

Por otra parte, la defensa de Botín ha argumentado que las consecuencias de la sentencia son "inaceptables". "Cualquier barco, yate o buque que amarre, atraque o fondee en aguas jurisdiccionales españolas y que lleve a bordo un bien que unilateralmente el Estado español considere integrante de su patrimonio histórico, es susceptible de ser incautado por España", ha explicado.

INSEGURIDAD JURÍDICA

De este modo, la sentencia "introduce varios factores de inseguridad jurídica con graves consecuencias para España", según los letrados. "¿Quién va a comprar una obra de arte en España, dada la inseguridad jurídica que genera esta sentencia si deviene firme?", se pregunta el despacho de abogados para argumentar que según la sentencia "cualquier obra de arte que transite por España -por carretera, avión, buque o cualquier otro medio- y tenga alguna conexión con el patrimonio histórico podría ser objeto de intervención, lo que resulta complemente absurdo y gravemente inconveniente para nuestro país".

"Implica que un número importante de obras maestras del patrimonio histórico español, muchas de ellas salidas de España por medios desconocidos, y que se encuentran hoy en Museos y colecciones públicas y privadas extranjeras, debieran ser restituidas a nuestro país", ha añadido la defensa, que ha insistido en que el dictamen "no tiene sentido".

El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid condenó este jueves al expresidente de Bankinter Jaime Botín a 18 meses de cárcel y multa de 52,4 millones de euros por un delito de contrabando de bienes culturales por querer sacar en barco el cuadro de Picasso 'Cabeza de mujer joven' para venderlo en Reino Unido siendo "plenamente consciente" de que el Gobierno se lo había prohibido. La obra, tasada en 26 millones, pasará a manos del Estado.

El juicio se celebró el pasado mes de noviembre y Fiscalía solicitaba para Botín cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones de euros. La Abogacía pedía además que también la goleta en la que fue intervenido el cuadro cuando se encontraba en aguas francesas fuese a parar a manos del Estado.

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