SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo estatal finalmente no ha considerado procedente formular un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, pese a la petición efectuada en ese sentido por el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, tras recibir "numerosas quejas" en ese sentido.
Según la resolución del Defensor estatal, consultada por Europa Press, en el decreto ley andaluz "no se conculca el derecho constitucional de libertad sindical, ni se vulnera la negociación colectiva ni se conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder al empleo público".
Además, en dicha resolución, el Defensor apunta al "presupuesto habilitante de extraordinaria necesidad de la norma" para aceptar su dictado, de forma que para la institución nacional, "quedan descartados atisbos de inconstitucionalidad en el decreto ley".
En una comunicación del Defensor andaluz, consultada por Europa Press, en relación con los escritos presentados relativos a la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley 5/2010 de medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz, la institución andaluza ha precisado que cursó ante el Defensor del Pueblo estatal la petición de interponer recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto ley, a lo que la institución nacional el pasado 2 de noviembre les ha trasladado que no ha considerado procedente formular dicho recurso.
El Defensor andaluz se muestra "consciente de la extraordinaria complejidad" del proceso que se desencadena con la aprobación del decreto ley, proceso que "exigirá en su desarrollo el máximo respeto a los derechos que el régimen jurídico reconoce al personal de empleo público".
Por ello, la institución andaluza asegura que quedará "especialmente atenta y vigilante a las vicisitudes de este proceso y a las incidencias que pudieran producirse en el ámbito de sus competencias y responsabilidades; en particular, ante las noticias sobre supuestas modificaciones anunciadas del decreto ley sin mayor concreción normativa".
El Defensor del Pueblo Andaluz ha reconocido que viene recibiendo "diversas comunicaciones en las que se expresan discrepancias sobre los contenidos de medidas dictadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, dirigidas al control de déficit público y con especial incidencia en criterios organizativos del sector público andaluz".
Precisa que esos escritos aluden a criterios de impugnación contra las medidas del decreto ley de reordenación y que incluso en muchos de esos escritos se había formulado la petición expresa al Defensor del Pueblo andaluz para instar ante el Defensor del Pueblo estatal la interposición de recurso de inconstitucionalidad, a lo que el Defensor andaluz recordó que trasladó dicha petición, ahora denegada.
Asimismo, consideró que también recibió peticiones para que el Defensor del Pueblo Andaluz acuerde la realización de un informe especial para abordar el estudio de esta cuestión, ante lo que indicó que dichos informes especiales "no constituyen el cauce obligado o prioritario de atención de la institución en el desempeño de sus funciones".
Por último, apuntó que "dado el carácter masivo y reiterativo de estas comunicaciones de numerosos trabajadores del sector público, que ya han sido analizadas en los términos explicados, la institución acumulará esas quejas y denuncias, dando el trámite legalmente previsto" y ofrecerá información del estado de tramitación de las quejas registradas por los cauces previstos en el procedimiento.
