19 de junio de 2019
11 de junio de 2019

El Defensor del Pueblo pide una regulación sobre las cámaras en prisiones para luchar contra los malos tratos

El Defensor del Pueblo pide una regulación sobre las cámaras en prisiones para luchar contra los malos tratos
CONGRESO

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha recordado en su Informe Anual de 2018 que "sigue pendiente de elaboración" una normativa que regule la utilización de cámaras de videovigilancia en las cárceles al objeto de "reforzar las garantías" en las denuncias de malos tratos, "tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto".

"Un buen ejemplo de la utilidad de los sistemas de videovigilancia" es, a juicio de la institución que preside en funciones Francisco Fernández Marugán, la investigación judicial abierta contra funcionarios de la cárcel de Teixeiro (La Coruña) por la supuesta agresión a un preso.

El defensor aboga por una "paulatina instalación de cámaras de videovigilancia con soporte de grabación" en otros lugares, entre los que cita aquellos donde habitualmente se practican cacheos a los internos.

"En la lucha contra los malos tratos sigue pendiente la elaboración de una normativa sobre la captación, grabación, transmisión, conservación, almacenamiento, extracción y puesta a disposición de imágenes captadas mediante videovigilancia. Se trata de reforzar las garantías, tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto", sostiene el documento de la institución.

El informe respalda la decisión del Ministerio del Interior de flexibilizar los requisitos para proceder a la excarcelación de los presos gravemente enfermo y también alaba que se haya atendido a su recomendación de revisar la figura del preso de apoyo que acompaña al interno para evitar suicidios, así como el nuevo protocolo sobre la aplicación de la sujeción mecánica por motivos regimentales.

En este sentido, también reclama que se tome de forma sistemática fotografías de los internos que fallezcan en prisión para analizar caso por caso. El defensor recuerda que los últimos datos estadísticos sobre esta problemática son de 2017, cuando 27 personas se quitaron la vida en prisión y se produjeron otras 68 tentativas.

El defensor aborda otros problemas como la escasez de plantilla en las prisiones españolas. "Bajo el discutido argumento de que la disminución de la población penitenciaria permitía ajustes a la baja en la cobertura de estas plantillas, se ha producido un sostenido
debilitamiento cuantitativo y cualitativo, que ha afectado a todos los grupos de trabajadores públicos que atienden el correcto funcionamiento del servicio penitenciario", defiende.

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