26 de junio de 2019
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  • 11 de junio de 2019

    Defensor del Pueblo recomienda a ayuntamientos que cambien el nombre de calles que vulneren la Ley de Memoria Histórica

    Recuerda al Ayuntamiento de Alicante la obligación hacer efectivo el derecho a traslado de las empleadas públicas "víctimas de violencia de género"

    MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

    El Defensor del Pueblo ha recomendado a los ayuntamientos que cambien el nombre de las callen que vulneren la normativa de la Memoria Histórica, después de recibir varias quejas de los ciudadanos que han solicitado en 2018, aunque también ha señalado que la denominación de las calles es finalmente una potestad discrecional del ayuntamiento correspondiente.

    En total, el Defensor del Pueblo ha analizado las 585 quejas que los ciudadanos pusieron a sus respectivos ayuntamientos durante el año pasado sobre las posibles vulneraciones en el funcionamiento del patrimonio, bienes y servicios públicos, así como en el padrón o las quejas recibidas por parte de los concejales de los ayuntamientos.

    Según el informe anual 2018 que ha publicado el Defensor del Pueblo este martes, se han realizado 740 actuaciones correspondientes a un total de 585 quejas, "de las cuales 460 han sido nuevas". Además, se han descartado 172 reclamaciones que no pudieron ser admitidas a trámite "al no reunir los requisitos establecidos, no estar bien identificado el problema o tener los datos dispersos".

    El Defensor del Pueblo también ha señalado que a pesar de que algunas quejas ciudadanas sí se han tramitado, no se han podido solucionar porque "no hay unos parámetros establecidos que determinen cuándo una calle está sucia, o cuando está abandonado un parque, o cuando los baches de una calzada son peligrosos".

    Entre las recomendaciones que el Defensor realizó en 2018, está la paralización de los desalojos por parte de la Junta de Castilla y León hasta "proporcionar alojamiento temporal" a los afectados o el asumir "la obligación de adoptar medidas necesarias para la efectividad del derecho a traslado de las empleadas públicas" víctimas de violencia de género en Alicante.

    MEMORIA HISTÓRICA Y POBLACIÓN

    Los ciudadanos han reclamado que sus ayuntamientos aplicaran la Ley de la Memoria Histórica, o que se ejecutara un acuerdo municipal adoptado hace años para rotular una vía pública con el nombre de una persona, o que se cambiara la numeración de su calle por producir confusiones.

    En este caso, el Defensor del Pueblo ha señalado que la denominación de las calles es una potestad discrecional del ayuntamiento, quien puede, "de forma motivada y siempre que no sea contrario al ordenamiento jurídico", decidir la denominación que considere más apropiada. No obstante, "en los casos en que esa denominación vulneraba la normativa en materia de memoria histórica, se ha sugerido el cambio de denominación" por parte del Defensor del Pueblo.

    Respecto a las reclamaciones sobre población, son "numerosas" las quejas sobre el funcionamiento del padrón de los habitantes. Según se ha explicado en el informe, algunos ayuntamiento "no hacían una correcta aplicación de las normas que regulaban esta materia, lo cual ha dado lugar a que se obstaculizara o impidiera el empadronamiento" de algunos vecinos.

    Generalmente, estas dificultades se han producido en ciudadanos extranjeros que han visto "lesionados sus derechos e intereses", como el no poder ejercer su voto o hacer uso de algunos servicios municipales. En estos casos, el Defensor del Pueblo ha advertido que "los funcionarios encargados de la tramitación de las solicitudes de empadronamiento de esos ciudadanos olvidan que el objetivo de exigir la documentación prevista en las normas es exclusivamente comprobar que los datos de identificación son correctos, con independencia de la situación legal de la persona en España".

    PATRIMONIO Y BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES

    En cuanto a la tramitación de las quejas sobre la defensa del patrimonio municipal por haber sido ocupado, cuando no usurpado, por particulares, algunos ayuntamientos "han mostrado una actitud pasiva ante esa situación que afectaba a tramos de caminos públicos rurales u otros espacios de titularidad municipal".

    Sin embargo, el informe ha reflejado que tras presentar dichas reclamaciones, "en muchas ocasiones" subyacían conflictos "de carácter privado entre vecinos colindantes o la pretensión de obtener un beneficio particular del denunciante si se accedía a sus denuncias".

    En cuanto a quejas recibidas por el mal estado de la calzada y caídas a causa de ello, algunos ayuntamientos han exigido a los ciudadanos la presentación de pruebas que acreditasen el hecho en sí. El informe del Defensor del Pueblo explica que algunos consistorios pidieron pruebas de testigos o grabaciones de la caída que "acreditarían que esos reclamantes no se habían caído en otro sitio o en otras circunstancias".

    Además, el Defensor del Pueblo ha destacado que se han desestimado algunas de estas reclamaciones argumentado el ayuntamiento que "todos los transeúntes debían tener un mínimo de cuidado cuando caminaban por las calles o que por ese lugar habían transitado muchas otras personas que no se habían caído".

    ACTIVIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS

    El informe también ha señalado que "bastantes ciudadanos" han mostrado su disconformidad con determinados servicios municipales como "el de la limpieza de las calles, la reparación del pavimento, o las deficiencias en instalaciones deportivas" entre otros.

    Una de las reclamaciones más repetidas ha sido sobre los árboles de los municipios "que tapaban las ventanas de los interesados, los que estaban mal cuidados en parques y calles, los que no habían sido repuestos en los alcorques vacíos y los que ensuciaban las aceras y las levantaban".

    Sin embargo, muchas de las quejas relacionadas con los servicios públicos "no eran motivo suficiente para iniciar una actuación al respecto" ya que, según se recoge en el informe del Defensor, "los medios humanos, técnicos o materiales de los ayuntamientos son limitados". "Tienen la obligación de conseguir la estabilidad presupuestaria", puntualiza

    QUEJAS DE CONCEJALES

    El Informe anual 2018 ha destacado un apartado sobre las quejas recibidas por parte de los concejales que han visto "lesionados sus derechos de acceder a la información que precisaban o porque no contaban con los medios materiales para poder ejercer mejor sus labores".

    El Defensor del Pueblo ha amparado dichas quejas cuando las normas establecen que mucha de la información solicitada "no necesita autorización previa de los alcaldes y cuando han sido incorporados a cualquier tipo de expedientes, ya tramitados o en curso".

    Se han rechazado sin embargo, las quejas en las que los concejales pretendían "el acceso a un desmesurado número de documentos", o cuando, para atender a su petición, "su búsqueda suponía un entorpecimiento de los servicios municipales", o cuando se solicitaba del secretario de la corporación que emitiera unos informes "que no le correspondían jurídicamente".

    RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

    El Defensor del Pueblo ha realizado 73 recomendaciones y 252 sugerencias a los ayuntamientos, de las cuales 99 han sido aceptadas. Aunque ha señalado que pueden no aceptarla, pero "la ley le obliga en cualquier caso a razonar los motivos de esa decisión".

    En cuanto a las sugerencias, el Defensor aconsejó la "medición de las emisiones producidas" en las fiestas del ayuntamiento de Verín, o el "cumplimiento de la normativa respecto a la presencia de perros en las playas" de Asturias y el "sancionar a los dueños de los perros que infringen las ordenanzas", entre otras.

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