Doscientos agentes le entregaron de uniforme la misma queja sobre los incumplimientos del PSOE el pasado 5 de diciembre
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha estudiado el escrito presentado por 200 guardias civiles el pasado mes de diciembre y en su respuesta apoya el asociacionismo en la Guardia Civil para mejorar las condiciones de este colectivo. Asimismo, considera que las sanciones privativas de libertad se han ejercido "con demasiada frecuencia", según un comunicado difundido por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organizadora de aquel acto de protesta.
El pasado 5 de diciembre, doscientos guardias civiles uniformados presentaron una lista de quejas en las oficinas del Defensor del Pueblo en Madrid para denunciar "la exclusión de derechos y libertades que impone su actual régimen estatutario y el retraso de las iniciativas legislativas del Gobierno".
En su respuesta, el Defensor del Pueblo, según AUGC, defiende el derecho de asociación de este colectivo y asegura "que no cejará en el empeño de que los miembros del Instituto armado puedan disponer con los instrumentos internos necesarios y con cauces eficaces para la resolución de sus problemas, para la mejora de sus condiciones económicas, sociales y laborales".
SANCIONES "SIN GARANTÍAS".
Múgica se pronuncia también sobre las sanciones privativas de libertad que se aplican a los guardias civiles y afirma que se han aplicado con demasiada frecuencia y en muchas ocasiones "sin las debidas garantías en los últimos años, en un ejercicio de discrecionalidad más allá de lo que permitirían los hechos determinantes del acto administrativo".
La Asociación Unificada de Guardias Civiles(AUGC) considera esta respuesta "un varapalo a la desidia de la Administracion con respecto a los guardias civiles y sus razonables peticiones", y recuerda que el pasado mes de noviembre fue el Tribunal de Derechos Humanos de la UE el que daba la razón en sentencia firme a la AUGC, considerando los arrestos a los guardias civiles como "ilegales". La Asociación dice no entender que el Gobierno español no cumpla esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo.
