MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha recomendado al Consulado General de España en Quito que expida visados a aquellos ecuatorianos que estén renovando su residencia legal en España, pero carezcan de autorización de regreso.
Así consta en su informe anual, en el que afirma haber recibido un "relevante número de quejas" relacionadas con las dificultades que encuentran los ecuatorianos con residencia legal en España que viajan a su país y no pueden volver por falta de autorización de regreso o porque se les ha sustraído la documentación que acredita esa residencia.
Esta situación, advierte el Defensor, "puede tener graves consecuencias para la economía, la vida familiar y la continuidad de la residencia de los agravados". Además, se ve "agravada" cuando se les deniega el visado para regresar a España o su tramitación se alarga durante meses.
Para resolver este problema, el Defensor ha aconsejado al Consulado General de España en Quito que expida los visados solicitados a aquellos ecuatorianos que estén renovando sus permisos de residencia y carezcan de autorización de regreso, "una vez compruebe que la solicitud de renovación de la autorización de la residencia ha sido resuelta favorablemente, continúa en trámite o ha de entenderse estimada por silencio positivo".
La institución recomendó por otra parte al Consulado que, en los expedientes de agrupación familiar, no se valoren las condiciones de la vivienda como motivo para conceder o denegar una agrupación, ya que la Delegación o Subdelegación del Gobierno realiza previamente un análisis de la misma.
El Defensor ha constatado que el Consulado había denegado el visado de residencia por reagrupación familiar solicitado por una ciudadana ecuatoriana para su hijo menor de edad por considerar inadecuada la vivienda familiar, que se sometió así a un doble filtro.
Para evitarlo, la institución pide que se dicten instrucciones a los consulados para que, en la tramitación de los visados por reagrupación familiar, se "ciñan" a los motivos de denegación previstos en la normativa, como dudas de la identidad de las personas, validez de los documentos o la veracidad de los motivos alegados para solicitar los visados.
También recomendó que se instruya a las oficinas consulares sobre el alcance de la competencia de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para acreditar la suficiencia de la vivienda familiar a disposición del reagrupante.
