La directora del área de Sanidad admite que hoy vería "descabellado" el 8-M, pero que entonces la información no era suficiente
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La directora del área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en Madrid, Teresa Azuara, reconoció en declaraciones a la Guardia Civil en el marco de la causa del 8-M que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que, dentro de sus competencias en sanidad exterior, tuvo conocimiento "en diciembre o enero" de instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad acerca de países de riesgo por covid-19 "a fin de que pudieran realizar un control en frontera respecto de las personas que accedieran a España".
Según el análisis realizado por la Guardia Civil de las declaraciones obtenidas del personal del departamento de Sanidad de la Delegación comandada por José Manuel Franco -al que se investiga por presunta prevaricación administrativa por permitir la manifestación feminista-, cabe destacar la "prontitud con la que los responsables del Ministerio de Sanidad apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados del covid-19", según reza el informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel al que ha tenido acceso Europa Press.
Puntualizan, eso sí, que el trato del personal del área de Sanidad con el Ministerio es habitual y directo y no requiere la participación de la cúpula de la Delegación del Gobierno, cuya conducta se investiga.
Sobre los riesgos procedentes de países contagiados también habló ante la Guardia Civil Ana María Sáenz de Urruti, jefa del Área de Sanidad, señalando que de circunscribían ya en diciembre de 2019 a Wuhan (China) y que por ello en enero y febrero recibieron el protocolo de actuación dimanante del Ministerio de Sanidad que establecía "las funciones a realizar en el caso de recibir aviso de llegada de un pasajero de la mencionada región China que tuviera síntomas".
CARTELES Y MAILS DE RIESGOS LABORALES
Asimismo, el informe considera acreditada la existencia de recomendaciones concretas a los trabajadores de la Delegación del Gobierno, dado que en febrero de 2020 se distribuye de manera masiva por correo electrónico de un protocolo emitido por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, así como el alojamiento del mismo en la intranet de la Delegación, "lo que hace considerar el conocimiento de todos de su contenido en el que destacan medidas de higiene y distanciamiento social". Para elaborarlo, apuntan, se apoyaron en documentos emitidos por organizaciones internacionales como la OMS y el Ministerio de Sanidad.
En este punto Azuara destacó ante la Guardia Civil que ella misma envió a su personal carteles informativos con recomendaciones básicas "que podrían enmarcarse temporalmente en febrero de 2020" y manifestó conocer también los protocolos creados por el departamento de Prevención de Riesgos, lo que según la Guardia Civil "le hace considerar la efectiva concienciación de la situación sanitaria por parte del personal de la Delegación del Gobierno".
Sobre estos carteles, también Sáenz de Urruti recuerda que eran grandes y se colocaron en febrero, por lo que considera que el personal era consciente de los riesgos derivados del covid-19.
Preguntada como experta sanitaria por el 8-M, Arzuaga señaló en su comparecencia ante la Guardia Civil que la manifestación pudo aumentar el número de contagios generados por el covid-19 y a día de hoy ve "descabellada" su celebración, si bien añadió que entonces "la información no era suficiente y no se podían evaluar correctamente los riesgos".
