Admite que aún no se puede poner el "contador a cero" porque el real-decreto de justicia está en plena tramitación parlamentaria
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha frenado por el momento la interpretación que realizó su departamento a primeros de mayo del real-decreto 'anticolapso' de la Justicia que le permitía derogar de facto los plazos máximos de instrucción de causas penales, lo que hubiera permitido poner el contador a cero en cuanto al tiempo límite para investigar casos de corrupción como 'Púnica' y 'Lezo'.
Así se desprende del último decreto que ha hecho llegar a todas las fiscalías para organizar la desescalada una vez ha decaído este jueves la suspensión de plazos procesales a que obligó el estado de alarma por pandemia de covid-19. Entre otras medidas, el decreto señala que el reinicio de los plazos debe realizarse preservando las actuaciones procesales.
A mediados del mes de mayo, el PP acusó a Delgado de arrogarse competencias que corresponden en exclusiva al Parlamento y derogar "de facto" los plazos máximos de instrucción que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) mediante su interpretación de varios artículos del recientemente aprobado decreto-ley anti-colapso de la Justicia, que obliga a reiniciar los plazos procesales una vez se levante el Estado de Alarma.
La crítica hacía referencia a un informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General que señalaba que, en aquellas causas en que la instrucción haya sido declarada compleja, el plazo de instrucción será de dieciocho meses "a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de alarma".
Esta interpretación permitiría poner el contador a cero en cuanto al tiempo límite para investigar casos "de especial trascendencia" como 'Púnica' y 'Lezo' que afectan directamente al PP y cuya instrucción ya tenía fecha límite para concluir en la Audiencia Nacional. El aún vigente artículo 324 de la LeCrim, que el PSOE prometió derogar ya en su programa electoral, obliga a limitar en 6 meses los plazos de instrucción penal, 18 en el caso de los declarados complejos.
En este último documento, sin embargo, Delgado admite que en tanto en cuanto el real-decreto impulsado por el Ministerio de Justicia está siendo objeto de tramitación parlamentaria como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia -lo que puede dar lugar a una posible modificación de su redacción actual-, y a fin de evitar perjuicios a la tutela judicial efectiva de las partes o la posible frustración de investigaciones judiciales en curso, "las/los fiscales solicitarán la declaración de complejidad de los procedimientos, su prórroga o la fijación de un plazo máximo de conformidad con las previsiones de la Circular 5/2015", es decir, la vigente antes del estado de alarma.
Añade que este "deber de cautela" en cuanto a plazos deberá atenderse especialmente "en las causas con preso y en los procedimientos de especial trascendencia".
El decreto, dado a conocer el míércoles, establece un conjunto de medidas de carácter gubernativo, organizativo y pautas relacionadas con la pandemia de general a cumplir desde el próximo martes 9 de junio, y en él se contempla la reincorporación de todas las plantillas a sus puestos de trabajo de una manera preferentemente presencial.
VACACIONES MEJOR EN AGOSTO
Regula igualmente las vacaciones de este año para los fiscales, a los que recuerda que el real-decreto impulsado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habilita los días 11 a 31 de agosto, con excepción de sábados, domingos y festivos, para todas las actuaciones judiciales.
Añade no obstante que circulares posteriores del el Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el periodo vacacional de jueces y magistrados revelan que la organización de las vacaciones de los fiscales no han de suponer una variación especialmente significativa respecto de años precedentes. Por ello, recomienda la concentración de las vacaciones de las plantillas durante el mes de agosto, pudiendo utilizarse también la última quincena de julio y la primera semana de septiembre.
Entre las medidas adoptadas, Delgado señala se reanudarán las visitas o inspecciones presenciales o físicas a las residencias de mayores, personas con discapacidad, centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores con estricto cumplimiento de las prescripciones sanitarias.
