La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este lunes que toda las comunicaciones que tiene con la Fiscalía General del Estado son "transparentes" y se realizan a través de los mecanismos establecidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para respetar la "plena autonomía" del Ministerio Público con respecto al Gobierno. "Una llamada de teléfono está bien para felicitar el año", ha ironizado Delgado en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, cuando ha destacado la importancia de que la Fiscalía General del Estado trabaje de forma autónoma. La titular de Justicia, que ha negado en diversas comparecencias públicas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya dado instrucciones a los fiscales, ha afirmado que toda la información que ha solicitado a la fiscal general del Estado, María José Segarra, lo ha hecho "con transparencia y con los mecanismos establecidos. "La Fiscalía tiene plena autonomía y esto forma parte del Estado de Derecho", ha concluido. El Gobierno quiere alcanzar una "Justicia social que cohesione territorialmente, socialmente el país y que contribuya a la convivencia en este país, en el que todos tenemos cabida", ha asegurado la ministra. Precisamente sobre la transparencia, la autonomía fiscal y la independencia judicial ha hecho hincapié Delgado en su intervención inicial ya que, según ha enfatizado, uno de sus grandes objetivos es que recuperar la confianza de la ciudadanía en una "institución que está degradada, resentida". Así, recordando las últimas encuestas sobre este asunto, la ministra ha destacado que existe una percepción de que la Justicia esta "politizada" y que es entendida como algo "ineficaz, ininteligible, anticuada y desorganizada". "Según el CIS, el 80 por ciento de la ciudadanía está descontenta con el funcionamiento de la Justicia", ha recalcado. Por ello, ha llamado a todas las fuerzas políticas a llegar al consenso y a realizar un "gran pacto de Estado" para acercar la Administración a la gente y hacer de ella un "servicio público", que quede "fuera de los avatares políticos". "Algo tiene que cambiar, se utiliza un lenguaje arcaico, enrevesado que a veces es difícil de entender", ha añadido, al mismo tiempo que ha señalado que para este reto "ambicioso" es necesario conocer la opinión de los operadores jurídicos, como puede ser para conocer su posición sobre lo "absolutamente fundamental y necesario" que es la modernización y digitalización de la Justicia. Entre una de las apuestas de Delgado se encuentra dotar de "transparencia" los procesos de selección y designación de los miembros de las carreras judicial y fiscal, por lo que propone que, además de estudiar los criterios de mérito y capacidad de los candidatos, los colectivos de consumidores, profesionales y otras asociaciones puedan hacer preguntas sobre "cuestiones importantes" para ellos. Si bien, considera que el actual sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del fiscal general del Estado debe mantenerse. En este sentido, ha recordado que uno de los procesos de selección que está estudiando el Ministerio de Justicia para reformar es la relativa a los jueces de enlace, que juegan un papel fundamental en materia de cooperación judicial internacional. Con la intención de mejorar la imagen de la Justicia en el exterior Delgado quiere aumentar el número de jueces en otros países, como Alemania o Bélgica, donde no hay nadie destinado hasta el momento y que estos representantes en otros países pertenezcan a la carrera judicial, tengan experiencia en cooperación internacional y conozcan el idioma del país al que sean destinados. Por último, Delgado ha hecho mención de todos los proyectos que su Ministerio ya ha puesto en marcha como la creación de una Dirección General de Memoria Histórica, entre cuyos planes ha destacado la publicación de número de exhumaciones, el censo oficial de víctimas de la Guerra Civil, que deben tener una oficina de apoyo y de mejorar el acceso a los archivos históricos, entre otras. También la reforma de la ley de protección de testigos; o el anteproyecto ya aprobado por el Consejo de Ministros para modificar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad' para acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad intelectual.
